In Voce

DOBLETE. La historia dice que es el verdadero poder permanente. Los presidentes van y vienen, últimamente con frecuencias de variada duración, los legisladores, que amuchados en las listas sábana, si no tienen una proyección descollante, en la próxima vuelta deberán dejar su puestito para que otros puedan probar las mieles de la banca (saque y rotación, como en el volley). En cambio los jueces, merced a la garantía constitucional del cargo de por vida, mientras no hagan macanas demasiado ostensibles emparentadas con delitos o que entren en la mira de alguna tormenta mediática, pueden andar tranquilos por la vida institucional del país gozando del prestigio entre tíos y vecinos. Pero como en el reparto de austeridades todos tienen que cumplir con su cuota, los jueces por estos días, más precisamente hasta el 30 de abril, se despedirán quizás de uno de sus más emblemáticos atributos de mando, la CHAPA BLANCA. Así como sus colegas británicos ostentan la peluca, y los norteamericanos el martillito para pedir silencio, los magistrados, fiscales y defensores porteños, tenían la chapa. En una medida que fue especialmente diseñada "para la tribuna" (los jueces pagaban el impuesto automotor, vulgarmente conocido como "patente" como cualquier hijo de vecino), la medida tiene el solo propósito de demostrar que a los jueces también se les sacó algo. Nadie se atrevió a protestar, en una mezcla de cobardía y sentido común, lo uno porque a nadie le gusta que le peguen los medios ni el poder K, tildándolos de protectores de privilegios y lo otro porque perder la chapa blanca no les produce un gran perjuicio. En los pasillos de Tribunales los jueces no dejaban de mascullar su bronca, por una medida que no beneficia a nadie y los deja mal parados innecesariamente. Dejarlos sin un instrumento que hace a la función judicial sin ningún objetivo concreto, es sólo otro gesto para la tribuna que nos tiene tan acostumbrados la Argentina de hoy. La otra medida que afecta a los hombres de la toga, es la sensible cuestión de los custodios. En momentos de pleno efecto Blumberg, el gobierno tiene pensado volcar a las custodias de Tribunales, a tareas de calle. Si bien es cierto que las custodias de los juzgados es una especie de "archivo" a dónde se manda a los agentes que ya están de vuelta en la carrera policial y que por lo tanto no están para los trotes que exige el bravío asfalto hoy en día, también podrían ser reemplazados por hombres de otras fuerzas. Lo que sí hace bien el gobierno es en limitar ciertos abusos de jueces que en algún momento sufrieron amenazas o manejaron alguna causa en su momento caliente, y que pasaron los años y nadie reparó que tenían una generosa custodia no sólo en el juzgado, sino en el entorno de su familia. Custodia o chapa blanca, esta semana la mojada de oreja para el poder judicial hizo doblete.

VEINTE AÑOS NO ES NADA. Las demoras en la puesta en funcionamiento del Juzgado Federal de Orán en la provincia de Salta presume un duro enfrentamiento entre el Consejo de la Magistratura de la Nación y el Poder Ejecutivo Nacional, más específicamente con la Jefatura de Gabinete de Ministros a cargo de Alberto Fernández, uno de los personajes más representativo de la gestión del presidente Néstor Kirchner. El tema que hace varios años se viene demorando estalló a mediados de semana en la comisión de Administración del Consejo de la Magistratura en donde se debatió la posibilidad de iniciar acciones judiciales contra el Gobierno Nacional debido a las demoras de varios meses, sin explicaciones, en la entrega de fondos ya asignados por el Presupuesto 2004 para el funcionamiento del nuevo juzgado salteño. El tema fue presentado en la reunión por la diputada nacional por Salta, María Lelia Chaya, quien fue designada el 17 de febrero para responder por el funcionamiento del juzgado, aunque la moción de la medida judicial contra “el manejo dilatorio” del Ejecutivo fue propuesta por Humberto Quiroga Lavié, Eduardo Orio y apoyada por el consejero salteño Abel Cornejo -un memorioso integrante de nuestra redacción recordó que el juez lo "amenazó" con invitarlo a Salta para conocer de primera mano la problemática jurisdiccional-. Tras el áspero debate, triunfó la moción de Victoria Pérez Tognola, quien propuso que el titular del Consejo de la Magistratura reclame formalmente ante la Jefatura de Gabinete que envíe con premura los fondos comprometidos. La votación de ambas mociones recibió el apoyo de cuatro miembros del Consejo, aunque oficialmente triunfó esa última postura por el voto Pérez Tognola, que presidía la sesión. Los otros votantes de la propuesta fueron el representante del Poder Ejecutivo, Joaquín da Rocha y los jueces Claudio Kiper y Bindo Caviglione Fraga. Chaya expresó en su presentación que “faltan apenas cuatro meses para que la ley que sancionó la creación del Juzgado Federal de Orán cumpla veinte años y sin embargo aún no es posible ponerlo en funcionamiento debido a la falta de fondos, que debe entregar el Gobierno Nacional”. Recordó que en febrero se elevaron las notas oficiales al Ministerio de Economía para que haga entrega de las partidas ya contempladas en el Presupuesto del 2004, pero éste giró a la Jefatura de Gabinete el pedido de autorización de la entrega, pero no obtuvo ninguna respuesta. Tras manifestar que en ningún momento se presentaron objeciones a los pedidos, Chaya opinó que “seguramente al jefe de Gabinete, Alberto Fernández, le interese más su campaña política, que la instalación de un juzgado federal en la frontera norte del país que combata el narcotráfico y el contrabando”. Además, la legisladora deslizó la posibilidad que la demora de los fondos pueda deberse a alguna falta de sintonía política suya o del gobernador de Salta, Juan Carlos Romero, con el poder central, y dijo que el retraso promoverá una nueva postergación de la iniciación de las actividades del centro judicial. A los pocos día del episodio en el Consejo, el Gobierno tomó el formal compromiso de enviar los fondos necesarios para la puesta en funcionamiento del juzgado, por parta del propio Fernández, ante una gestión de Chaya. Recordemos que el Juzgado Federal de Orán tiene una larga historia de postergaciones, que se inició el mismo 7 de noviembre de 1984, hace 20 años, cuando el Congreso Nacional aprobó su creación. El segundo paso importante, recién se dio el 9 de noviembre de 2002, cuando el Poder Ejecutivo designó al doctor Raúl Juan Reynoso, para que se haga cargo de la sede, al momento que ésta pueda funcionar. Ahora el Gobierno asumió el compromiso de traspasar los 640 mil pesos contemplados en el Presupuesto Nacional para la realización de obras de remodelación del edificio que será adaptada para adecuarlo a las demandas de un centro judicial de esa envergadura. Pero, por las dudas aún nadie festeja no se cosa que sólo sea un poco de viento frío sureño que intente apagar el fuego que reina en el Consejo.

NI LERDOS NI PEREZOSOS. Los letrados que se dedican a recorrer los hospitales en busca de accidentados de todo tipo, para iniciar juicios contra aseguradoras y particulares, por ejemplo, vieron un claro negocio esta semana, que puede dejarles mucho más dinero que sus tareas cotidianas. Es que los tan comunes accidentes ferroviarios volvieron a llenar los diarios estos últimos días, alentados por el guiño K que promete avanzar contra las empresas ferroviarias que no cumplen con las normas mínimas de seguridad para los pasajeros, perjudicados además ahora por la reincidencia de las empresas en el descalabro de las planillas de horarios que los trenes deben respetar, o sobre el mantenimiento que deben hacer de locomotoras, vagones y estaciones, casi nulos por estas épocas. La última pequeña muestra de buena voluntad de las empresas se dio durante el gobierno del por ahora todavía padrino K, el ex senador a cargo de la presidencia Eduardo Duhalde, quien se había puesto firme ante la protesta de los pasajeros que se quejaban por las condiciones infrahumanas de viaje. La empresa que lidera el ranking de quejas es Metropolitano, la concesionaria que opera la ex línea San Martín y la ex Roca. Desde la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y desde el Gobierno ya avisaron que si esto no se revierte peligra la continuidad de la concesión. No es casualidad. El Gobierno K aún mantiene su alta popularidad en base a las encuestas que relevan el interés de la gente en los distintos temas, y los temas que le interesan a la gente son los temas que le interesan a los medios de comunicación: el último fue Blumberg, y atrás de el fueron los funcionarios prometiendo endurecimiento de penas; ahora el tema son los trenes, y atrás va el escuadrón K, prometiendo descarrilar a más de uno si no cumplen con el servicio debidamente. La muerte de Fabián Bravo, el obrero que cayó el miércoles de un tren en Haedo, y que a sus 33 años dejó 7 hijos sin padre, conmovió a la opinión pública; ni qué decir del joven que murió en José Mármol, partido de Almiramte Brown, porque la empresa permite a la gente viajar colgada, y chocó contra los andenes elevados que esperan hace meses y meses la llegada del tren eléctrico, una promesa que se dilata cada vez más. Por ello, para los abogados el negocio de demandar a las concesionarias cierra, y si bien antes las demandas contra las empresas de trenes existían, bien se sabe que el guiño K todo lo puede, y su explícita opinión sobre el tema puede influenciar a más de uno, que cambia de color según la ocasión. Por ello, varios letrados prometieron el lunes ir hasta los tribunales, y dar a conocer a la prensa las acciones que iniciarán, para estar a tono con los diarios.

alejandro s. williams / dju