04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

Privacidad judicial

Los jueces y miembros del Consejo de la Magistratura de la Nación Claudio Kiper y Victoria Pérez Tognola se manifestaron en contra de la posibilidad de que las declaraciones juradas de los magistrados tengan difusión pública, tal como pretenden sus pares del órgano Marcela Rodríguez, Beinusz Szmukler y Abel Cornejo.

 
Los magistrados destacaron que en la reunión de la comisión de Reglamentación y Reforma Judicial del Consejo de la Magistratura del 14 de abril se trataron dos proyectos, uno de Rodríguez y otro de Szmuckler, con el objeto de que determinados datos de los jueces, especialmente los vinculados con su patrimonio, sean públicos.

También, comentaron que en esa oportunidad como una variante atenuada, se discutió la propuesta del juez federal Abel Cornejo, en el sentido de que las declaraciones juradas de los jueces sean exhibidas a cualquier ciudadano que lo solicite al Consejo de la Magistratura.

Kiper y Tognola aseveraron al respecto que disienten profundamente con las iniciativas, a raíz de que los jueces, presentan sus declaraciones juradas en forma anual, y muchos también la hacen ante la AFIP para el pago de los impuestos correspondientes.

Por ello expresaron que no alcanzan a comprender qué beneficio se obtendría con la difusión pública de datos tan sensibles, ya que exponer al público, sobretodo de manera indiscriminada, este tipo de información, sólo podría acarrear consecuencias negativas.

Asimismo remarcaron que bajo la apariencia de una mayor transparencia, se podría lesionar gravemente la independencia y la seguridad de los jueces y funcionarios afectados. Añadieron apelando a los problemas de seguridad existentes, que esa sola circunstancia de por sí, es “suficiente para rechazar una medida tan riesgosa”.

Por otra parte puntualizaron que esa clase de medidas no son tan eficientes para combatir la corrupción, “casi inexistente en el Poder Judicial” ya que, sin lugar a dudas, si algún magistrado incrementa su patrimonio de manera ilícita, seguramente buscará “el mecanismo de ocultar esta situación”.

De esta forma los consejeros que representan el estamento de los jueces en el órgano, el proyecto sólo puede constituir una mortificación y una invasión a su intimidad aclarando que “aún los funcionarios públicos gozan de un marco de privacidad que debe ser respetado”.

En relación a los inconvenientes que podría acarrear el sistema de publicidad por internet, remarcaron que muchas veces se utiliza la red informática con “fines desviados”, con el único objeto de perjudicar a una persona.

Y finalizaron señalando que tampoco el hecho de que un ciudadano se acredite para pedir éstainformación constituye una garantía, ya que podría existir el caso de personas con mala intenciónque buscarán un emisario sin responsabilidad para obtener información que luegopuede ser difundida sin control.



dju / dju
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