En el almuerzo de trabajo convocado por Rodríguez se preveía que se escaparía una queja del equipo económico del Gobierno por la escasa cantidad de condenas con penas de prisión efectiva contra evasores. Sin embargo, la charla se dio al revés, y fueron los magistrados quienes se quejaron de que “en dos años la AFIP presentó pocas denuncias contra grandes empresas en el fuero”, casi en consonancia con lo manifestado tiempo atrás por el ex titular de la UFITCO, Maximiliano Rusconi.
En el almuerzo realizado en el despacho del titular de la AFIP estuvieron el camarista Roberto Hornos, los jueces de tribunal oral Claudio Gutiérrez de la Cárcova, Luis Losada y César Lemos, y los magistrados de primera instancia Jorge Brugo, Bernardo Vidal Durand y Horacio Artabe. Aunque la excusa del ágape era que el titular de la AFIP conociera paulatinamente a los jueces del fuero -los jueces reconocen que Rodríguez privilegia el perfil institucional a la figuración personal- y que conociera cuáles son las necesidades de ese sector del Poder Judicial, los magistrados aprovecharon la ocasión para plantear algunas inquietudes, al alegar que la AFIP tarda hasta seis meses en enviar los informes técnicos que la ley exige para respaldar las denuncias, entre otras observaciones.
Al explicar las causas de estas demoras que no permiten una más eficaz persecución de los evasores, los jueces plantearon el problema de que existan sólo ocho contadores en el cuerpo de peritos de la Corte Suprema que están al servicio de todos los fueros de la justicia nacional, cuando por la trascendencia estratégica de la lucha contra la evasión resulta poco adecuado "tener que esperar turno" cuando los expertos están ocupados con pericias civiles, laborales o comerciales, que en definitiva son cuestiones "entre particulares", reflexionaba a la salida del encuentro uno de los magistrados.
Además, fue tema de conversación la deficiente interconexión de los sistemas informáticos. Ambos temas ya habían sido tratados en conversaciones pasadas con el ex titular de la AFIP Carlos Silvani, que había prometido mejoras que aún no se han materializado.
Otro de los pedidos de los jueces para el Ejecutivo fue el de dictar un decreto para que las importaciones de vestimentas incautadas en los procedimientos por contrabando, realizados por los jueces del fuero, pudiera ser repartida entre sectores indigentes de la sociedad. Además, se discutió sobre lo impracticable que resultan los mensajes del presidente Fernando de la Rúa al solicitar una mayor persecución de los evasores y contrabandistas, “mientras que en cada terminal de la Aduana hay un solo verificador”.
Por supuesto que también fue tema de conversación la próxima puesta en marcha del fuero Penal Tributario, creado por ley el año pasado. Rodríguez advirtió en la reunión que no hay presupuesto para que comience a funcionar. Por su parte, el nuevo fuero -cuando se implemente su funcionamiento- quitará al Penal Económico la investigación y juzgamiento de los delitos de evasión cuando el monto denunciado supere el millón de pesos. Lo paradójico es que la mayoría de los candidatos que encabezan el concurso que se desarrolla en el Consejo de la Magistratura provienen del fuero Penal Económico, salvo una excepción de un funcionario de la propia AFIP.
Uno de los magistrados asistentes al ágape, en diálogo con Diariojudicial.com describió a la nueva creación como “un despropósito” y sugirió que más eficiente hubiese resultado agregar tres juzgados más al Penal Económico, o incorporar más secretarías a los juzgados ya existentes, tal como lo propuso el consejero Eduardo Orio desde el Consejo de la Magistratura, al reconocer, también, que no hay presupuesto para poner en marcha al nuevo fuero.