Tras la notificación cursada vía fax al juzgado, Servini de Cubría aguardaba una presentación por parte del abogado defensor del ex marino, Fernando Goldaracena, para disponer la excarcelación de Astiz, quien se encuentra detenido desde principios del mes de julio en dependencias de la Prefectura Naval, a disposición de la magistrada. La justicia italiana pretende juzgar a Astiz por el secuestro y posterior desaparición de los ciudadanos de esa nacionalidad Susana Pegoraro, su padre, Giovanni Pegoraro y Angela María Aieta, madre del dirigente peronista Dante Gullo.
En el caso de Susana Pegoraro, esta se encontraba embarazada al momento de su secuestro por parte de un grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada, y las investigaciones judiciales y las pesquisas llevadas a cabo por las Abuelas de Plaza de Mayo permitieron establecer que se trata de la madre de la joven Evelyn Vazquez, quien fue apropiada por el marino Policarpo Vazquez.
Sin embargo, la jueza Servini de Cubría admitió que en el expediente que lleva adelante por ese caso no se pudo determinar hasta el momento la intervención de Astiz en la maniobra de apropiación de la criatura, por lo que solicitará a la justicia italiana que le remita la información que pueda poseer en la causa que se tramita en ese país. En caso de surgir elementos que vinculen a Astiz con esta causa, el ex represor no podrá invocar en su defensa las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
La magistrada no puede mantener a Astiz detenido por ese caso, ya que constituiría una "privación ilegitima de la libertad", según explicaron fuentes judiciales consultadas por Diariojudicial.com.
Respecto del pedido de extradición, el gobierno argentino rechazó el pedido de extradición basándose en un pronunciamiento que oportunamente formuló el ex ministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra, cuando el juez español Baltasar Garzón formuló un reclamo similar respecto de más de ochenta ex represores argentinos.
En aquella oportunidad, el gobierno argentino había reivindicado el principio de territorialidad, al considerar que se trata de crímenes cometidos en la Argentina y que sus responsables deberán ser investigados y castigados por la justicia argentina.