Dicha resolución motivó la impugnación de los padres del menor que acudieron en queja ante la Corte por denegación del recurso extraordinario interpuesto ante la Cámara Federal de la Seguridad Social.
La Corte haciendo suyo el dictamen del Procurador de la Nación revocó el pronunciamiento de la Cámara, al considerar que “no existían elementos de juicio suficientes para invalidar el beneficio otrorgado por el magistrado de primera instancia” tal como lo había hecho el tribunal de alzada.
En este sentido expresaron que las leyes 24.431 y 24.901 y el decreto 762/97, ponen a cargo del Estado el sistema de prestaciones básicas para los discapacitados en la medida que éstos, las personas de quienes dependan o las obras sociales no pudieran afrontarlos, y atento a la jerarquía de los intereses en juego y la gravedad de la situación.
Por otra parte, afirmaron que dicha solución “no impedía que el Estado pudiera demostrar oportunamente la aptitud económica de los padres del incapaz y repetir contra ellos o eventualmente contra la obra social si correspondiere, las erogaciones realizadas para cubrir aquellas asignaciones”.
Entendió el tribunal que la resolución impugnada, “comprometía el interés superior de un discapacitado que al inicio de estas actuaciones era, además menor de edad” por lo que debía ponderarse la atención y asistencia integral de la discapacidad propiciada por las leyes mencionadas y afirmada por la jurisprudencia de la Corte.Finalmente el tribunal expuso que “dada la urgencia invocada, parecería irrazonable imponer a los actores acudir a la vía ordinaria cuando por la vía del amparo ya llevan dos años litigando”.
En primera instancia, se había admitido la acción de amparo promovida por los padres del menor discapacitado condenando al Estado Nacional –Secretaría de Desarrollo Social de la Presidencia de la Nación- a otorgarles un subsidio que permitiera atender completamente las necesidades especiales del niño en materia de educación y transporte adecuada a la dolencia padecida (encefalopatía perinatal).