Sin embargo, los voceros de la comisión destacaron que ahora de esa suma se deberían descontar los más de 26 millones que estaban destinados a pagar las gratificaciones para los empleados que colaboraron con el fuero contencioso administrativo federal en temas vinculados al corralito, ya que el proyecto fue descartado por el Plenario.
Desde la Administración se invitó a todos los consejeros a participar del encuentro, a fin de que cada uno lleve sus inquietudes a la sesión con el objetivo de que una vez en el Plenario del cuerpo, el dictamen se apruebe sin más trámite y sea remitido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que los ministros le sumen el dinero que necesitará el alto tribunal para que las dependencias a su cargo puedan funcionar.
Recordemos que el último año, el Poder Judicial luego de una dura puja logró que el Poder Ejecutivo Nacional le girara unos 700 millones de pesos, cifra algo menor a los 900 millones que en verdad habían reclamado.
“El último ejercicio logramos 700 millones de pesos para nuestro presupuesto, a raíz de varias gestiones, ellos nos querían dar tan sólo 500 millones , casi la mitad de los 900 que nosotros le habíamos reclamado” expresó una fuente consultada, por Diariojudicial.com.
Dentro del Consejo se tiene la certeza de que se deberá lograr una acorde partida de dinero para el ejercicio 2005 con el fin de garantizar el normal funcionamiento de todos los ámbitos del Poder Judicial de la Nación.
El cuerpo pretende con ese dinero, “posibilitar el acceso de la población al servicio de justicia” y que ese sea prestado con miras a “lograr la satisfacción de la sociedad mediante una respuesta adecuada y eficiente a los planteos que se formulan, ante el notable aumento de la litigiosidad producido en los últimos tiempos”.
. En materia de recursos humanos, se procedió a la cuantificación de la dotación de personal, la que contempla: la estructura oportunamente aprobada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, -que incluye las de los organismos y dependencias transferidos a fines del año 2003 y la bonificación otorgada por el Consejo de la Magistratura por Res.195/03- y un cambio en la situación que reviste el personal temporario para su transformación en permanente.
Además, se buscará habilitar los cargos de tribunales creados y aún no habilitados por motivos presupuestarios, la integración de la planta de aquellos tribunales habilitados con planta reducida, los requeridos en función de características especiales de las causas que tramitan y aquellos destinados a prácticas forenses solicitados por los tribunales con competencia penal, los previstos para la habilitación del fuero de ejecución fiscal, los necesarios para la incorporación del personal denominado meritorio y los imprescindibles para completar las dotaciones del Consejo de la Magistratura -Departamento de Seguridad e Higiene, Ley 19587- que dependerá de la Dirección General de Infraestructura.
Asimismo, se incorporó, en el cálculo, el financiamiento necesario para atender el reescalafonamiento del personal administrativo, técnico y de maestranza y el reconocimiento de similares conceptos a algunos funcionarios.