"En nuestro país las políticas en materia de seguridad no han existido"

A raíz de la inseguridad vivida en los últimos tiempos, que atentan contra la libertad y seguridad de las personas, el sistema penal ha recibido fuertes críticas y embates de distintos sectores de la población. Ecos de este reclamo, se extendieron desde la policía en general, pasando por el poder legislativo y llegando hasta el mismísimo Poder Judicial.
Para dialogar al respecto, en esta oportunidad Diariojudicial.com se reunión con el doctor Luis María Chichizola, Fiscal General de Cámaras del departamento judicial de San Martín, provincia de Buenos Aires, departamento que abarca los partidos de Tres de Febrero, San Martín, Malvinas Argentinas, San Miguel y José C. Paz donde residen aproximadamente según datos del último censo 2.000.000 de justiciables.
De reconocida trayectoria, Chichizola se desempeña en el Poder Judicial desde el año 1971 cuando fue designado secretario del juzgado de menores nº 1 de Morón. Luego de 7 años de actividad, se lo nombró juez en lo criminal y correccional de Morón, y con la llegada de la democracia fue nombrado Fiscal de Cámaras del departamento Judicial de San Martín, cargo en el que permanece desde hace 20 años, los cuales señaló “se han pasado muy rápidos”. Y destacó que con el advenimiento de la democracia fue el único juez de la época del proceso que no sólo permaneció sino que en la primera renovación fue ascendido a Fiscal de Cámaras.
Chichizola ha participado en la reforma procedimental de la provincia de Buenos Aires, de la cual señaló “tengo la suerte de poder colaborar, y digo suerte porque estoy convencido que el sistema anterior era un sistema caduco de cómo debía llevarse adelante la investigación de una causa, y por otro lado tuve el honor junto con la doctora Ledesma, -integrante del Tribunal de Casación provincial- de redactar la ley de Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires”.
Asimismo manifestó que colabora en proyectos de reforma en otras provincias argentinas, como así también anualmente para las Naciones Unidas, para la Organización de los Estados Americanos y toda la zona de centroamérica. A continuación reproducimos el encuentro logrado.

Diario Judicial:¿Cómo ve el sistema policial de la provincia de Buenos Aires hoy en día?

Luis Chichizola: Es un tema donde la provincia de Buenos Aires tiene una gran deuda para con la comunidad, y que todavía no ha resuelto. No se ha encontrado la solución no obstante las múltiples reformas y proyectos de reforma que se han intentado, de hecho hoy estamos transitando un nuevo período del Dr. Arslanián (como ministro de Seguridad provincial). Lo cierto es que parecería muy difícil encontrar la solución a un tema que fundamentalmente en el momento en que se inicia la reforma policial se cruza con la reforma procesal penal, complicando aún mas lo que era la instauración de un nuevo Código Procesal Penal provincial, por tener que trabajar también sobre la modificación del sistema de la policía de la provincia. Así se hace la primera intervención, a cargo del interventor Lugones, donde se trabaja fuertemente pero lamentablemente soy muy crítico de estos proyectos de reformas y lo que se encaró, no porque no haya habido gente que lo haya querido actuar con buena fe y voluntad, sino porque lamentablemente no condujeron a nada. Yo diría que hoy por hoy estamos exactamente como hace 34 años cuando yo ingresé al Poder Judicial. Yo deseo fervientemente que la gestión Arslanián triunfe, no para quedar bien con Arslanián sino porque en realidad va a solucionar uno de los problemas mas trascendentes de la provincia de Buenos Aires.

DJU: ¿Cuál es su posición sobre la policía judicial?

LC: En el nuevo régimen procesal penal entre las asignaturas pendientes está la no creación de la policía judicial. Evidentemente para el Ministerio Público Fiscal, no ya de la provincia de Buenos Aires sino de cualquier lugar de la República e inclusive de latinoamérica, donde estos códigos empezaron a tener vigencia, es imprescindible esta implementación. En una charla reciente yo manifestaba algo que ya Savigny decía... que “el Ministerio Público es un cuerpo sin piernas y sin brazos”, y evidentemente esas piernas y esos brazos tienen que ser la policía judicial, una policía en la cual uno confíe, estén embuidos de lo que es el Poder Judicial y en definitiva haga que la otra policía se dedique exclusivamente a aquello que realmente le interesa a la población, que es dar seguridad a través de la prevención.

DJU: Con respecto al Servicio Penitenciario provincial, ¿cuál es su posición?

LC: En relación al Servicio Penitenciario, es un problema muy serio, problema que viene de hace muchos años y que en mi caso particular vengo tratando que se mejore. Lamentablemente el Servicio Penitenciario es una institución que hasta pocos meses atrás era absolutamente hermética, donde ni aún el poder político ingresaba, y donde uno recorría los establecimientos encontraba serias anormalidades, desde delitos cometidos por los funcionarios encargados de los establecimientos penales -no todos, esto es importante decirlo- hasta una violencia generalizada dentro del establecimiento producida también por los internos. Yo diría que desde hace 6 meses ha empezado a instalarse en la sociedad, han empezado a abrise causas que se encuentran en trámite, cuyas líneas de investigación han ido demostrando que aquellos que decíamos que dentro de los establecimientos carcelarios ocurrían hechos anómalos y algunos podría decirse ilícitos no estabamos tan equivocados. De hecho un funcionario del gobierno que acaba de renunciar a su cargo, ha hecho en San Martín una denuncia muy importante donde desnuda toda la realidad de los establecimientos penales y paradójicamente en forma casual se descubre todo un complot para hacerme pasar a mejor vida.

DJU: Tiempo atrás había recibido otra amenaza de muerte junto al juez de San Isidro, Fernando Marotto....

LC: Esta es distinta. Hubo una anterior contra Marotto y mi persona, que si bien fueron amenazas a medida que les iba tomando declaración testimonial iban entregando los bisturís con lo cual evidentemente, si me querían matar, el arma con la cual me querían matar me lo estaban entregando y muy buenamente.
La última si es mas grave. Cuando se pone en marcha la causa iniciada por el funcionario que deja su cargo y denuncia en San Martín 3 hechos muy puntuales y que no solo involucra a personal penitenciario sino a las autoridades políticas que lo dirigen, acá lo llamativo es que a esto lo descubrimos fortuitamente, empezamos a seguir la línea de investigación y si bien aún no estamos con prueba categórica para involucrar a determinados personas, ciertamente algo existe dirigido contra mi persona.

DJU: ¿Cómo vio la intervención del Servicio Penitenciario provincial decretada por el gobernador Felipe Solá?

LC: Da la casualidad que la intervención decretada por el gobernador se produce el mismo día que el funcionario del ejecutivo es removido y se presenta a hacer la denuncia. Coincide la denuncia con la intervención dispuesta por el gobernador.

DJU: En relación a la ola de secuestros vividas en el último tiempo ¿cree que la falta de seguridad puede revertirse a corto plazo?

LC: En realidad el tema del secuestro a nosotros no nos toca muy tangencialmente, ya que es materia netamente federal. Mas allá que jurisprudencia de la Corte a partir de la cual la justicia federal no acepta como secuestro aquello que ab initio no se pide un rescate, y donde podríamos estar ante una privación ilegitima de la libertad, lo cierto que hoy por hoy San Martín, como justicia ordinaria no tiene demasiados casos de privaciones ilegitima de la libertad. Y con respecto a los secuestros, opinando un poco desde afuera no es San Martín una zona donde se produzcan secuestros. Si tal vez sea San Martín una zona donde se retenga al secuestrado o se termine pagando el rescate.

DJU: ¿Considera que el aumento de penas es una solución ante la inseguridad?

LC: No, en absoluto. El país se ha caracterizado por una constante inflación legal especialmente preocupante en materia penal. Toda vez que se pretende a través del catálogo penal solucionar los conflictos de la sociedad, pensando que el aumento de penas es una especie de solución a partir de lo cual vamos a bajar los índices de criminalidad. La realidad de los últimos años, en donde se han sancionado e incrementado montos de penas mas altos, no han mostrado que esto conduzca a que haya menores índices de violencia e inseguridad.

DJU: ¿Sobre que otras cuestiones habría que hacer hincapié?

LC: Yo te podría mencionar antes que la pena, caminos muy claros a través de los cuales se podría reducir la inseguridad. Se comienza desde el primer punto en donde el Estado no hace nada y todo se arregla solo, como ocurre en casos donde el conflicto se soluciona solo. Y a partir de ahí comenzamos a subir a través de procesos de mediación, de salidas alternativas de los conflictos, la intervención de la justicia de paz, de una justicia civil que sea menos lenta y menos gravosa –sin pretender juzgar la conducta de los jueces-. No se ha encarado científicamente, sistemas de vigilancia y patrullajes. El Estado no ha logrado que se interrelacione la policía privada y la publica. No se ha logrado crear, y no sé si se quiere crear una policía judicial, que libere a la policía de seguridad de la tarea de investigar los hechos en los que los fiscales intervienen. El conflicto tiene muchas formas de solucionarse siendo la pena la ultima ratio, pero no en cuanto a no condenar a penas, sino a que intentemos transitar caminos que no deterioren justamente la pena.

DJU: Más allá de su calidad de funcionario y como ciudadano, ¿cómo vivió el “efecto Blumberg”?

LC: Yo creo -no me gusta hablar de efecto- que ningún ciudadano de esta República no puede dejar de acompañar a Blumberg en el dolor de la pérdida de su hijo, pero no solamente a Blumberg sino a todos los que han perdido a su hijo. Y si estamos hablando de Blumberg, quien puede no sentirse mal ante un padre y una madre a quien privan de la vida de su hijo. En cuanto a la marcha de la inseguridad, yo creo que la sociedad argentina al igual que la sociedad mexicana decidieron manifestarse contra la inseguridad que perturba su vida, no permitiendo estar libre como antes, ya que se tiene temor para salir. Ahora lo que continua luego, hay una serie de pedidos que se pueden entender en el ingeniero Blumberg pero que ameritan ser seriamente pensados por los legisladores, porque nuestro Código Penal si bien debe ir aggiornándose había en él un sostenido equilibrio de penas que hoy se ha descompensado. Hoy tenemos penas que superan a las penas vinculadas al valor vida, y esto es algo que no es aceptable. Es fruto de legislar para una oportunidad y no con conciencia de futuro.

DJU: ¿Existen políticas de seguridad en nuestro país?

LC: En realidad en nuestro país las políticas de mediano y largo alcance en materia de seguridad no han existido. Siembre hemos ido detrás de los acontecimientos Hay un partido de fútbol, dos hinchadas se matan y ahí nos empezamos a preocupar que hacemos para el próximo partido. Matan como mataron el año pasado entre 30 y 40 policías y nos empezamos a preocupar por qué matan esos policías. El problema es profundo y no se soluciona con aumentos de penas.

DJU: Sobre la declaración del Procurador Esteban Righi, acerca de que el art. 196 del CPPN es una figura híbrida, ¿cual es su opinión?

LC: Conozco el pensamiento de Righi aunque no sé en el contexto que lo dijo pero lo intuyo. El art. 196 CPPN da la posibilidad de que los fiscales investiguen aunque siempre atados a un magistrado, y yo creo que una persona debe ser la que investiga y otra la persona que aplica el poder supremo de la justicia. No es lo mismo investigar para ver si vamos a un juicio como exige la constitución, -porque la constitución no exige investigación sino que exige juicio- entonces hay que investigar para ver si llegamos a juicio. Así alguien investiga para impulsar y llevar adelante la acción penal, y luego el juez es quien va a resolver. Este sistema no hace mas que reflejar la realidad de un código procesal penal que nació viejo aunque fue hecho en el año 1992. Todavía imperaba esta historia de que el juez debía ser instructor, ser defensor. Era el viejo apotegma del sistema inquisitivo, en donde se llegaba a preguntar para que tener un defensor si el buen juez si es inocente absuelve al imputado y si no lo va a condenar. Supongo que Righi, lo que está diciendo en cuanto a híbrido es que en definitiva el fiscal está dependiendo de lo que quiera un juez.

DJU: Hace poco realizó una impugnación a la candidatura a juez federal del fiscal de Quilmes. ¿Qué nos puede decir al respecto?

LC: En una de las fiscalías y en la fiscalía general se ha investigado una causa contra el intendente Cariglino del partido de Malvinas Argentinas y una serie de sus colaboradores. Es una causa que lleva 6 años de investigación, muy compleja, de 14 cuerpos y cincuenta por vía incidental e infinidad de cajas con documentación de todo tipo. En un momento dado, Cariglino ejerciendo su derecho hace una denuncia contra el fiscal que llevaba la causa, y contra los denunciantes. Ignoro por que se radicó en el departamento judicial de Quilmes; y allí el fiscal de Quilmes, Luis Armella, propuesto por el Poder Ejecutivo para juez federal del departamento de Quilmes, olvidándose que debía investigar al fiscal Ledesma, investiga a los denunciantes y contra una causa de 6 años, en un período que no excede los 6 días concluye que hay que detenerlos y da la casualidad que los delitos por los cuales pidió la detención, en el hipotético caso de que fueran ciertos en realidad ya estaban prescriptos. El juez hace lugar a la detención y hoy por hoy el fiscal por otro lado tiene una denuncia de las víctimas por privación ilegitima de la libertad y a su vez está por radicarse en la Plata un pedido de juicio político.