La iniciativa es del legislador radical por Córdoba Miguel Abella, quien aseguró que “la propuesta parte de la necesidad de eximir a la Justicia ordinaria del juzgamiento de los hechos de corrupción a las personas que se desempeñan en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, como custodios del cumplimiento de los deberes y comportamiento éticos a lo que los mismos se encuentran obligados”.
De acuerdo al proyecto, los 24 magistrados que integren el nuevo fuero deberán cumplir con las condiciones que requiere el artículo 111 de la Constitución para ser ministro de la Corte Suprema de Justicia, es decir, ser abogado con ocho años de ejercicio de la profesión, tener 30 años de edad y haber sido ciudadano de la Nación durante seis años.
El proyecto indica que podrán ser acusados ante el Tribunal Nacional de responsabilidad Política todas las personas que se desempeñen en la función pública y que los integrantes del Ministerio Público, el Defensor del Pueblo, las asociaciones o entidades legalmente registradas para la defensa de la ética colectiva y cualquier otra persona, indistintamente, estarán legitimados para promover, “responsablemente”, denuncias de corrupción.
De acuerdo al proyecto, los 24 miembros titulares y 24 suplentes del Tribunal, serán elegidos por elección popular, a razón de un titular y un suplente por cada Provincia más el Distrito Federal de la Ciudad autónoma de Buenos Aires, por simple mayoría de sufragios. Los dos Fiscales de Responsabilidad Política, serán electos de la misma forma, pero tomando al país en su totalidad como distrito electoral único.
Abella explicó que la constitución del tribunal no implicará la creación de un cuarto poder, “sino la legitimación de la participación ciudadana en el ejercicio de su propia soberanía para juzgar los actos de los funcionarios acusados de corrupción, situación que no impedirá a los jueces del Poder Judicial, juzgar las conductas delictivas derivadas de los actos de corrupción”.
Según lo establece el proyecto, será una carga del funcionario público “justificar adecuadamente la causa y el modo con que ha incrementado su patrimonio, con significativo exceso respecto de sus ingresos legítimos, durante el ejercicio de sus funciones”.
Además está previsto que los jueces y organismos oficiales colaboren en la obtención de pruebas y la realización de cualquier acto o diligencia necesarios para facilitar la investigación. La actividad instructoria, según el proyecto, estará a cargo de un Fiscal Nacional de Responsabilidad Política y del Presidente del Tribunal Nacional (el resto de los integrantes formarán el Gran Jurado), sin perjuicio de la colaboración que a estos fines le preste el denunciante, en lo que implicaría un híbrido entre un sistema inquisitivo y uno acusatorio, ya que el Tribunal tendrá competencia a la hora de desestimar o elevar a juicio la acusación del fiscal.
“Tenemos la necesidad de aferrarnos a la valoración ética del hombre en el desempeño en la función pública, es decir el sometimiento supremo a la Ley en el ejercicio de la función”, sostuvo el diputado, que advirtió que “de ello depende el éxito o el fracaso de un Estado; lo cual equivale a decir que, cuando los hombres públicos son esclavos de la ley, están asegurando los beneficios de la democracia a todos los ciudadanos que la componen”. El proyecto propone que el Tribunal pueda destituir al acusado cuando se declare su responsabilidad política y, en su caso, remitir el proceso al juez penal competente o “imponer las costas al denunciante o acusador cuando hubiere procedido maliciosamente o con notoria ligereza”.
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