Además, está previsto que el Departamento General de Acciones Socioeducativas construya una estructura física adecuada, más la creación de un grupo técnico-profesional de apoyo, integrado por psicólogos y sexólogos, con el fin de brindar la asistencia que fuera necesaria a los internos de los reformatorios.
Las principales criticas al proyecto llegaron desde los sectores religiosos, quienes destacaron que en la actualidad el Estado debería dar respuesta a otro tipo de necesidades, como por ejemplo prevenir la delincuencia juvenil, razón por la cual los menores están en esos centros.
También se cuestionó que por esta norma se legitiman las relaciones sexuales entre adolescentes sin medir consecuencias, como más embarazos no deseados, y opinaron que debería importar más que nada la educación de esos potenciales padres, los cuales en algunos casos presentan historiales peligrosos.