Sin embargo, Rosatti aclaró que “quizás no es el momento de llevarlas a la práctica”. El ministro se refería a dos proyectos centrales de la reforma judicial: el juicio por jurados y la unificación de los fueros.
Sobre el primero, el ex procurador del Tesoro aseguró que “para implementarlo hay que hacer un análisis concreto del sistema presupuestario, cuánto va a costar y si estamos en el momento adecuado para hacerlo”. Y sobre el resistido proyecto de unificación de la justicia penal de la Capital adelantó que “primero tiene que sortear un test de constitucionalidad. Si los tribunales lo van a declarar inconstitucional, de nada servirá ese proceso”.
Cabe recordar que ésta iniciativa, en su momento, fue muy cuestionada distintos algunos especialistas. A esto se sumaron los propios integrantes del fuero federal, fiscales, jueces y camaristas, que iniciaron una resistencia activa al proyecto que pretendía integrarlos en un “megafuero penal” compuesto por 82 juzgados.
Con estas declaraciones, a horas de haber asumido, se abre un interrogante respecto de la suerte que puedan correr los proyectos que Béliz consiguió impulsar con fuerza cuando lanzó el Plan de Seguridad en respuesta al clima generado por las marchas organizadas por Juan Carlos Blumberg. Muchos de esas iniciativas habían perdido ímpetu en los últimos tiempos y ahora se duda de que finalmente algún día salgan a la luz.
Por lo pronto habrá que ver cómo avanzan las negociaciones en el Parlamento. Todavía no fue confirmada, pero es muy probable que la próxima semana, luego del receso de invierno, los legisladores mantengan una reunión en el Congreso con el flamante ministro.
Es conocida la facilidad que tienen muchos legisladores para cambiar su visión de determinados proyectos de acuerdo al curso de los acontecimientos políticos, y más aún con cambios de rumbo como éstos. Por esa razón, es una incógnita, hoy por hoy qué va a suceder con este conjunto de iniciativas.
Mientras tanto, ayer quedó confirmado que otras cuatro iniciativas, que también integran el Plan de Seguridad, serán analizadas en el recinto del Senado el miércoles 4 de agosto.
Las cuatro iniciativas son: la limitación a excarcelaciones o eximiciones de prisión, el aumento de penas en el caso de los vaciamientos de empresas, modificaciones al sistema de protección de testigos y un proyecto sobre el criterio de oportunidad que permite simplificar el procedimiento en los casos de delitos privados y convertirlos en casos de acción pública.
La limitación a las excarcelaciones parte de la modificación del artículo 319 del Código Penal. Aquí se le da facultades al magistrado interviniente para limitar las eximiciones de prisión previas al juicio oral, “cuando exista una razonable y fundada presunción de que el imputado no se someterá u obstaculizará el procedimiento de averiguación de la verdad”.
En el caso del vaciamiento de empresas se modifica el artículo 301 del Código Penal. Aquí se aumentan las penas a quienes dispongan de manera ilegal y fraudulenta de los activos de una empresa. Las nuevas penas van de 1 a 6 años. La legislación actual contempla de 6 meses a 2 años. También hay un agravante en los casos en los que se aumente el capital de una empresa, llevando la pena hasta 8 años.