El dictamen del por entonces procurador Luis González Warcalde aconseja conceder la extradición respecto de los delitos que no prevén la pena de muerte y supeditar la concesión en este último aspecto al compromiso por parte de la Federación Rusa de que, en caso de una eventual condena, la pena capital no se aplicará.
Andrey Nikolaevich Andreev, es requerido por la Justicia de San Petersburgo por "homicidio agravado, privación ilegítima de la libertad agravada, robo agravado, extorsión agravada, falsificación y uso de documentos falsos, bandolerismo y tenencia de armas".
La extradición había sido concedida por el juzgado federal nº 6, pero las defensoras oficiales Silvia Otero Rella y Stella Maris Martínez apelaron esa decisión y explicaron que en Rusia entraron en vigencia nuevos códigos en lo Penal y en lo Procesal, que prevén la pena de muerte.
Augusto Belluscio, Antonio Boggiano, Adolvo Vázquez, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco determinaron la suspensión por 90 días de la decisión. En cambio Enrique Petracchi, Carlos Fayt y Raúl Zaffaroni se pronunciaron, en un voto de minoría, por rechazar el pedido de extradición.