El gobernador bonaerense había solicitado que se levantara la medida dictada por el juez laboral Claudio Andino argumentando que era aplicable el artículo 22 de la ley 7166, que establece que "cuando la suspensión acordada por la medida de no innovar afecte al servicio público o a la administración, podrá ser dejada sin efecto por el Juez o Tribunal, quien deberá declarar a cargo de la autoridad demandada o personalmente de los que la desempeñen, la responsabilidad de los perjuicios que se deriven de la ejecución".
La Suprema Corte conformada por conjueces por la excusación de los magistrados naturales -a quienes también les serían pagados sus salarios en bonos- no hizo más que responder a la solicitud del gobernador al decidir que la provincia y Ruckauf deberán "prestar la pertinente caución por los perjuicios que la ejecución de las decisiones impugnadas en la demanda pudiese ocasionar a los accionantes".
El gobernador, no dispuesto a poner en juego su patrimonio, decidió no comenzar a pagar los sueldos con patacones, lo que provocó la ira de algunos sectores judiciales agremiados en la Asociación de Magistrados provincial, que se quejaron por el retraso en el cobro mientras que ellos no impugnaron la cesión de los bonos.
El presidente de la Corte de conjueces de la Provincia, Epifanio Condorelli, afirmó hoy en declaraciones a la prensa que el pago de salarios en patacones está habilitado ya que el Ejecutivo provincial "no puede desoír lo que dice un tribunal de justicia”.
Desde el punto de vista jurídico el pago con bonos es posible, pero ahora es el Ejecutivo provincial quien es reticente a iniciar la entrega de los patacones. Según consideró Condorelli, la única forma de suspender el pago de salarios en bonos sería que la propia Corte de conjueces acepte una eventual apelación del gobernador, ya que según advirtió este último no hay efectivo para completar el pago de los salarios.
La Legislatura con sede en La Plata aprobó el pago parcial con patacones para los salarios superiores a los 740 pesos mensuales, en tanto que hasta esa suma se debe abonar en moneda de curso legal. Las medidas cautelares dictadas por la justicia bonaerense alcanzaban en sus efectos al menos a 120 mil empleados.
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