Según comentarios recogidos por este medio de varios de los presentes en la audiencia, a pesar de la buena predisposición que mostraron los integrantes de la Comisión de Reglamentación, ninguno de ellos dio mayores precisiones sobre los proyectos que se están debatiendo actualmente en el Consejo.
"Le explicamos a los consejeros integrantes de la Comisión de Reglamentación por qué las declaraciones juradas son esenciales para la transparencia, la igualdad y para reconciliar a los gobernados con los jueces en un momento de gran desconfianza", relató Daniel Sabsay, presidente de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), a este medio.
Además de Sabsay, asistieron Andrea Pochak, directora del Área Jurídica del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Sebastián Schwartzman, de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC); Horacio Bersten, de la Unión de Usuarios y Consumidores, y Carlos March y María Julia Pérez Tort, de Poder Ciudadano.
Los representantes de las ONGs se comprometieron a emitir una opinión cuando alguno de los proyectos “en danza” tenga dictamen de la comisión.
"Los magistrados deberían sujetarse a las reglas que emanan de la Ley de Ética Pública y, en consecuencia, presentar sus declaraciones juradas de bienes, que hasta el momento se han negado a someter a publicidad", expresaron las ONGs en un escrito.
“Fue importante que nos hayan recibido, pero no podemos seguir tolerando que los jueces tengan más privilegios que el resto de los funcionarios públicos”, afirmó a Diariojudicial.com la Dra. Andrea Pochak, directora del Área Jurídica del CELS. Y agregó: “el problema no es de los jueces sino del Consejo de la Magistratura y de la Corte Suprema”. “De hecho –resaltó Pochak- varios jueces ya presentaron espontáneamente sus declaraciones juradas tanto al CELS como a Poder Ciudadano.
El Consejo de la Magistratura es el órgano competente para decidir respecto a las declaraciones de los jueces inferiores y los integrantes del propio Consejo. Desde hace unos meses el cuerpo, a través de la Comisión de Reglamentación, está elaborando un texto para reglamentar el tema, a partir de tres proyectos existentes, pero hasta ahora no consensuaron ningún reglamento.
Según Sabsay, los consejeros presentes (Joaquín Da Rocha, Victoria Pérez Tognola, Juan Carlos Gemignani, Lino Palacio, Eduardo Orio y Beinusz Szmuckler) les informaron que iban a "tener en cuenta" el pedido de las ONGs.
Cabe recordar que Poder Ciudadano ya había reclamado sin éxito el acceso público a las declaraciones juradas de los jueces en 2000, cuando Julio Nazareno era presidente de la Corte Suprema de la Nación. Dos años después, la organización presentó un amparo junto al CELS. La demanda fue luego ampliada al Consejo de la Magistratura. Sin embargo, hasta hoy, todos los jueces intervinientes en la causa, se excusaron de resolver el caso.
El año pasado, con la asunción de Enrique Petracchi, se abrió una posibilidad para dejar sin efecto la acordada Nº1/2000, por la cual la Corte había denegado la publicidad de las declaraciones juradas, salvo que el magistrado esté de acuerdo con el pedido de consulta. Sin embargo, hasta el momento, no hubo ninguna novedad al repecto. “Sería un gesto importante que la Corte derogue la acordada 1/2000”, resaltó uno de los participantes de la reunión en el Consejo.
"La Ley de Etica Pública es muy clara al respecto. No es cuestión de que los jueces acepten cada pedido de información acerca de su declaración jurada", expresó María Julia Pérez Tort, coordinadora del Área de Acción por la Justicia de Poder Ciudadano.
Esta ley establece un régimen de presentación de declaraciones juradas patrimoniales para cierta categoría de funcionarios públicos, entre los cuales se encuentran los magistrados y funcionarios con categoría no inferior a Secretario del Poder Judicial de la Nación y del Consejo de la Magistratura.