El abogado además detalló ante los integrantes de la comisión de Acusación, los pormenores y los perjuicios sufridos por la empresa que patrocina debido a la implementación del Plan Bonex en 1989.
El letrado señaló que la sociedad Electro Comercial tenía plazos fijos en una entidad bancaria, absorbida por el Banco de Entre Ríos, con los que garantizaba sus descubiertos en cuenta corriente, pero esos fondos fueron convertidos a bonos y se depreciaron, lo cual produjo un desequilibrio financiero en esa firma.
En la denuncia se explica que a partir de la implementación del Plan Bonex, Electro Comercial fue recalificada ante el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en la "categoría cinco" como deudor irrecuperable, situación que impidió acceder a licitaciones de obras públicas de magnitud.
De esta forma la empresa inició una demanda por 19,6 millones de pesos y solicitó litigar sin gastos, beneficio de pobreza, que fue concedido en primera instancia sin que el Banco de Entre Ríos lo objetara, pero la Cámara Federal de Paraná ante una apelación posterior y con argumentos que no habían sido incluidos inicialmente, revocó la medida. El punto crucial de esta causa fue cuando el expediente pasó a la Cámara en el mes de octubre de 1998, donde surgió un "proyecto de sentencia" presuntamente inicialado por un abogado particular que, dos meses después, fue designado "conjuez" ante la recusación de dos camaristas, según declaró el citado letrado.
Vigo Leguizamon explicó hoy ante los integrantes de la Comisión de Acusación que “después de la designación del abogado Julio Federik, la sentencia fue dictada en forma casi textual al proyecto, lo que configuró un prejuzgamiento". Federik, si bien reconoció que “la rúbrica del proyecto era suya”, negó ser el autor del texto tras argumentar que “había avalado un proyecto elaborado por el camarista Francisco Garay, quien debió excusarse de intervenir en la causa por su mal estado de salud”.
El abogado entrerriano había sido designado como conjuez junto con otro colega, que reemplazó al camarista Gabriel Chausovsky, quien fue recusado por "amistad con la parte demandada". El abogado pidió hoy una serie de medidas de prueba para demostrar las irregularidades denunciadas en el expediente, como la realización de pericias en las computadoras de la Cámara y del estudio de Federik y el testimonio del presidente del Colegio de Abogados de Entre Ríos.
Según señalaron esta mañana los consejeros, en caso de comprobarse las presuntas irregularidades en el expediente sólo podría ser acusado el camarista que no se excusó de entender en la causa, Enrique García Vitor, en virtud que el pedido de juicio político fue radicado contra la Cámara de Paraná.