Según los denunciantes, “la situación aludida se torna aún peor, llegando a límites francamente intolerables, en la medida en que el edificio además de encontrase en constante riesgo de ser inundado por aguas servidas, se halla invadidos por roedores, lo cual conspira contra la integridad psicofísica e higiénica de la totalidad de los agentes y justiciables que allí concurren”.
En el escrito enviado a Petracchi, los titulares de la Superintendencia de la Cámara Federal de la Seguridad Social hacen alusión, además, a que las denuncias están inmersas dentro de un contexto de “total colapso” de esa Justicia Federal. “Los elevados índices de litigiosidad que allí se verifican se tornan de imposible solución, sobretodo teniendo en cuenta la notoria escasez de personal que soporta nuestros juzgados”, explican. Y recordaron que el 12 de mayo del corriente año la presidencia de esa cámara le hizo saber a la consejera María Leila Chaya que las dotaciones de personal que creó el anexo I de la ley 24.655 “revelan una palmaria insuficiencia frente al constante aumento de litigiosidad previsional en estos años transcurridos desde la puesta en funcionamiento de la primera instancia del fuero a la fecha”.
Por último, los magistrados reclamaron algún tipo de medida que pueda atacar la gran cantidad de personal “no rentado” que presta servicio en los juzgados de primera instancia y en las salas del Tribunal. Según el escrito, cada uno de esos juzgados cuenta con aproximadamente diez “meritorios”.
Cabe destacar que tres de los diez juzgados que pertenecen al fuero de la Seguridad Social (Nº 1, 8 y 9) integran el PROJUM o Proyecto de Desarrollo de Juzgado Modelo, el cual se puso en marcha hace más de seis años en doce juzgados elegidos por sorteo.