Para la justicia los meritorios constituyen mano de obra gratuita e indispensable frente a un aumento constante de la carga de trabajo experimentada en determinados fueros y, paralelamente, una válvula de ajuste frente a un mecanismo rígido imperante dentro del Poder Judicial para distribuir sus recursos de la manera más eficiente, entre ellos sus recursos humanos, que insumen en promedio el 86% del total de su presupuesto.
Según la presidenta de la Comisión de Administración del Consejo de la Magistratura de la Nación, Victoria Pérez Tognola, se está realizando, en este momento, un relevamiento de información de los distintos fueros y un entrecruzamiento de la misma. La intención, a través de esto, es conocer la cantidad de personal con que cuenta cada uno de los juzgados, cuántos están contratados, cuáles son sus antigüedades, etc., para luego entonces poder evaluar, con mayor precisión, las necesidades específicas de cada fuero, es decir, cuántos empleados son necesarios realmente.
La información ha sido requerida a cada una de la cámaras pero también intervino en la recolección de los datos la Unión de Empleados de la Justicia. En diálogo con este medio, su titular, Julio Piumato, reclamó “una decisión definitiva a este tema (el de los meritorios)” y que “se efectivice” a todos los que están en esta situación. Piumato denunció, además, que “hay juzgados donde trabajan 19 meritorios” y solicitó que se termine este sistema que “permite que los jueces echen a los meritorios cuando quieran y tomen a sus parientes”. Además de Perez Tognola, el Comité de Recursos Humanos está integrado por la diputada Marcela Rodríguez, por los senadores Carlos Prades y Ricardo Gómez Diez y por Humberto Quiroga Lavié.
En un documento, recientemente emitido sobre el presupuesto de la Justicia, la organización “Unidos por la Justicia” aseguró que “no se puede desconocer la justicia del reclamo por la regularización de los meritorios” y solicitó una política de Recursos Humanos que “establezca un adecuado marco de incentivos para el personal, un régimen de ingresos y pasantías, y la regularización de los cientos de meritorios que, sin cobrar salario alguno, hacen posible el funcionamiento de toda la Justicia”.
Las cifras sobre la cantidad de meritorios varía según quién la emita. Lo cierto es que alrededor de 1500 personas trabajan actualmente de forma gratuita para el Estado, sin ninguna cobertura social. Las promesas de algún nombramiento los mantiene expectantes en sus lugares de trabajo, donde suelen pasar varias años hasta que esta posibilidad se concreta, si es que ello sucede.
Esto motivó, en la provincia de Buenos Aires, varias medidas de fuerza por parte de los meritorios, organizados a través de la Asociación Judicial Bonaerense, en reclamo de su efectiva regularización. Para calmar las aguas, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires también realizó durante el 2003 un relevamiento sobre el trabajo gratuito en la Justicia bonaerense. La resolución, firmada por todos los miembros del máximo tribunal, estableció que los jueces y titulares de dependencia debían informar por escrito la cantidad de meritorios que se desempeñaban en las distintas oficinas. Según Manuel Fassano, de la Asociación Judicial Bonaerense, “ese censo arrojó la cifra de 1800 meritorios, por lo cual el Poder Ejecutivo se comprometió a incorporar durante este año 960 cargos, de los cuales 400 ya fueron confirmados”. “El resto debería sumarse durante el próximo año”, agregó.