PEPA. Otra de las moralejas que deja el caso AMIA es si no tiene que sincerarse el análisis de la aplicación de la prisión preventiva en el proceso penal. Telleldín, Ribelli y su tropa, permanecieron detenidos durante años por lo que debieron ser absueltos como lógica conclusión del sentido que le quiso dar al fallo el Tribunal Oral Federal. Es que en la Argentina, la prisión preventiva, PEPA en el argot tribunalicio, es en verdad un anticipo de pena pretendidamente ejemplificador. Si el acusado es condenado, se descuenta del tiempo a cumplir, y si es declarado inocente, le extienden un certificado de plazo fijo para cobrar la indemnización. Pero en un momento en donde la gente pide cárcel para los delincuentes, son muy pocos los jueces que se animan a sostener que el principio de inocencia garantizado por la Constitución Nacional y los tratados internacionales que se le incorporaron por la reforma del 94, son una barrera sagrada para la aplicación de esta cautelar sobre el cuerpo del imputado, con un código que establece un sistema amplio de cauciones para garantizar la sujeción al proceso y más aún para aquellos imputados que no cuentan con antecedentes de condena. ¿Qué hubiera pasado si el TOF3 apenas tomó el expediente en el año 2000, vislumbrando las irregularidades que sancionó 3 años después, hubiera hecho públicas sus dudas y permitido que los imputados transiten el juicio oral y público en libertad? Quizá hubieran dejado la puerta abierta para la realización de un nuevo juicio, algo impensable ahora con tipos que se comieron 10 años en cana. También para este tema se puede trazar una analogía con el caso Armas. Como seguramente muy pocos saben, desde fines del año 99, la causa tiene radicación en un tribunal oral. El primer juez que la elevó para su debate oral y público, Marcelo Aguinsky, de Penal Económico, había por entonces enviado a esa instancia la parte de la investigación vinculada al ex interventor de Fabricaciones Militares, Luis Sarlenga. La remisión parcial la dispuso tras haber ordenado la detención y procesamiento del empresario, allá por octubre del 98 y antes de que se consumieran los dos años de prisión preventiva. Luego, en el Tribunal Oral en lo Penal Económico, casualmente también el número 3, se fueron acumulando las elevaciones respecto de Vicario, De la Vega, Erman González y todo el elenco ya conocido y que ahora nuevamente volverá a la palestra. Todo esto viene a cuento porque el fiscal que por entonces representaba la acusación ante ese tribunal oral, el ahora camarista Gustavo Bruzzone, sabedor de que la celebración del juicio oral con todos los imputados iba a llevar (como lleva) bastante tiempo, pedía la inmediata libertad de aquellos que iban llegando al juicio, en calidad de detenidos, desde los juzgados de primera instancia. También allí la ley procesal vedaba la excarcelación, pero para Bruzzone primero estaba la Constitución y un muy oportuno sentido de equidad lleno de realismo, que desmitificaba la supuesta función de verdugo que siempre se le exige al acusador público. Ahora, con Zaffaroni y Argibay en la Corte, asoma un debate esclarecedor sobre la cuestión.
VANIDOSSI. Así se le conoce en la entrecasa de los diálogos del poder, al prestigioso constitucionalista y ex ministro de justicia Jorge Vanossi. El apodo viene por su gesto de circunspección y gallardía que siempre acompaña a quien se animó esta semana a presentar un seguramente polémico proyecto de ley. El legislador se atrevió a proponer una amnistía amplia para todos aquellos que desde 1960 hasta la fecha hayan sido imputados o procesados por delitos militares, políticos o comunes conexos con aquellos. Conocedor de que está jugando a contrapierna –uno de los mayores logros que se atribuye la administración Kirchner es la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final- aclaró ante todo que el proyecto lo presentó a nombre propio no arrogándose representación de sector ni bandería política. Aunque las posibilidades de que progrese la iniciativa es de uno en un millón si no hay apoyo político “de arriba”. Es sabido que las iniciativas “puras” del Congreso siempre necesitan de la bendición del Ejecutivo, que además tiene poder de veto y el comando de la mayoría transvertical (transversalidad kirchnerista y verticalidad justicialista). Pero es difícil que ahora que sale al ruedo su proyecto, el legislador haga arrugue de barrera, todo lo contrario. Su carta más pintoresca –casi marketinera- es la de proponer la inclusión en esa amnistía de todos aquellos dirigentes sociales (piqueteros, trabajadores que tomaron fábricas al estilo Brukman, gente de Quebracho, y demás caramelos surtidos de los años post De la Rúa.) junto con los policías que los reprimieron. Los políticos tienen entre sus cálculos que cuando tratan de instalar una idea que no coincide con la corriente imperante del momento, sólo les queda esperar la ilusión de una compensación para más adelante, para cuando la tortilla se dé vuelta, podrá exigir con las razones del caso el título de haber sido el primero y hasta quizá que la ley lleve su nombre. Por algo le dicen Vanidossi.