La medida del magistrado español está referida a una causa iniciada por los familiares de las víctimas del régimen, y es complementaria del procesamiento que el magistrado español libró contra 98 militares y policías que actuaron durante la represión ilegal en la Argentina, por la cual murieron o desaparecieron miles de personas.
Entre los militares imputados para los cuales Garzón ordenó su captura, se cuentan los miembros de las juntas Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, Leopoldo Fortunato Galtieri, Jorge Issac Anaya, Omar Graffiña, Basilio Lami Doso y Armando Lambruschini.
La nómina también incluye al ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército Luciano Benjamín Menéndez; el ex gobernador de Tucumán Antonio Bussi y al ex jefe del disuelto Primer Cuerpo, Guillermo Suárez Mason.
Tanto Videla y Massera, como Suárez Mason, al menos, se encuentran detenidos y a disposición del juez argentino Adolfo Bagnasco, quien investiga la existencia de un plan sistemático para la sustracción y supresión de identidad de chicos nacidos en cautiverio.
La nómina también incluye a quienes participaron en el centro clandestino de detención que operó en la Escuela de Mecánica de la Armada, como lo fueron Alfredo Astiz, Jorge Vildoza, Jorge Perrén, Rubén Francos, Antonio Pernías, Juán Carlos Rolón y Adolfo Donda.
Los imputados no podrán abandonar el país sin ser detenidos, debido a que el juez Garzón le notificó a la Interpol que "los hechos que motivaron la orden de detención son legalmente constitutivo de un delito de genocidio y terrorismo a través de múltiples muertes, lesiones, detenciones ilegales, secuestros, desaparición forzada de personas, colocación de explosivos, torturas e incendios".
En esa causa, los familiares que iniciaron la querella, respondiendo a un pedido de Garzón para que cuantifiquen las sumas que deberían pagar los represores, estimaron que los montos rondarían los 3.100 millones de dólares.
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