Afirmaron los diputados que "esta ley implica una nueva forma de ajuste a las provincias para asegurar el pago de la deuda externa". Asimismo, el economista Lozano advirtió que la ley de responsabilidad fiscal otorga al Ejecutivo las facultades de "no autorizar prestamos, cancelar exenciones impositivas o fondos destinados a políticas sociales".
La ley fue sancionada, según dichos legisladores, por la mayoría automática que también reina en la cámara baja. Lozano denunció que "para aprobar esta ley el Ejecutivo tuvo que pagar muy bien, en forma de prebendas para las provincias que aseguraran sus votos". En total, los diputados calculan que el Ejecutivo liberó partidas por 180 millones para contentar a las provincias y lograr la sanción de la ley.
Al argumento que las provincias se pueden someter o no a la ley, los legisladores señalaron que esto no es suficiente para legitimar la ley ya que las autonomías provinciales no pueden afectarse por ninguna norma o voluntad.
El diputado Polino insistió, por su parte, en que la Constitución reformada del 94 establecía que en el 96 se debía dictar una nueva ley de coparticipación que estableciera un nuevo criterio de reparto de la recaudación fiscal, pero "No hubo una nueva ley de coparticipación federal porque no hay voluntad política para distribuir los recursos que se generan en el país".
Además, agregaron que la ley 25.917 obtuvo 91 votos en contra en la Cámara de Diputados, la más elevada del actual período legislativo y comentaron preocupados, el hecho significativo de que por esta ley, el Ejecutivo podrá ejercer un poder de veto en aquellas cuestiones que crea convenientes.