La iniciativa parte del enfrentamiento entre los sectores conservador y progresista ya que el Partido Socialista Español (PSOE), parece tener históricamente el controlar el CGPJ, Incluso, en 1985 el partido suprimió la elección directa de los vocales judiciales por los jueces para encomendársela al Parlamento.
Con esta modificación, en el segundo Consejo se invirtió el signo político conservador que caracterizó al primero. El Consejo inició un irrefrenable proceso de politización, consecuencia de un sistema de designación que acabó trasladando al gobierno de la Justicia un reflejo fiel de la distribución de fuerzas políticas en el Congreso y el Senado.
Esta situación configuró el desprestigio del CGPJ y la necesidad de firmar una “paz judicial” definitiva, tales fueron las razones del Acuerdo de Estado para la Reforma de la Justicia, firmado en mayo de 2001 por PP y PSOE.