El primer proyecto, cuyo autor es el justicialista Gerardo Conte Grand, es apoyado por otros trece diputados que pertenecen a un variado espectro político. Entre los firmantes se encuentran los justicialistas, Ricardo Falú, presidente de la comisión de Juicio Político, Julio César Gutiérrez y el ex juez cordobés Guillermo Johnson; representantes del ARI como Adrián Pérez, Marcela Rodríguez y María América González; Héctor Polino (Socialista); Nilda Garré (Frepaso); y varios diputados radicales como Jesús Minguez.
Varios de los que integran esta nómina de legisladores, encabezada por el porteño Conte Grand, fueron artífices del juzgamiento de varios miembros de la Corte Suprema durante 2003 y en lo que va de este año.
El artículo 2 de esa iniciativa prevé que en los casos que no se alcance el número previsto de jueces (7), y cuando no exista decisión mayoritaria por empate de votos de sus miembros, “se convocará a integrar la Corte a conjueces del modo previsto en las disposiciones vigentes”.
Pero además, a diferencia de los otros proyectos, Conte Grand planteó que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación en concurrencia con el Consejo de la Magistratura procederá a reasignar tareas a los funcionarios de la Corte Suprema que resulten desafectados de sus actuales labores”. Actualmente ese tribunal cuenta con casi doscientos funcionarios con rango de jueces de primera instancia o de Cámara, “inflación que ha contribuido a multiplicar geométricamente el mal que el incremento de miembros de la Corte decía querer combatir”.
No obstante esto, la iniciativa de Juan José Alvarez, a quien acompañan Margarita Stolbizer y Jorge Vanossi, determina que “los montos presupuestarios excedentes en virtud de la disminución de miembros, serán empleados para atender los gastos operativos del Poder Judicial de la Nación”. Respecto al punto anterior, el proyecto del diputado duhaldista y ex secretario de Seguridad plantea que “durante el período de transición, cuando la composición de sus miembros no fuese impar, para poder desempeñar sus funciones la C.S.J.N. utilizará los mecanismos vigentes previstos por la normativa legal”.
En diálogo con DiarioJudicial.com, Conte Grand afirmó que “los proyectos no tienen que morir por más que el gobierno designe a un reemplazante para Vázquez” ya que, según recordó, están pendientes el pedido de juicio político contra Antonio Boggiano y el retiro, varias veces anunciado pero nunca concertado, de Fayt.
Según los diputados que suscriben su proyecto, el mismo “debe ser parte de una reforma que incluya una reducción de sus competencias, incrementadas en muchos casos al calor de necesidades políticas o económicas de circunstancia, con desapego por el valor de la calidad institucional”.
Respecto a la ampliación de 5 a 9 miembros aprobada durante el gobierno de Carlos Menem, esos mismos diputados manifestaron su convicción de que “la razón real del incremento de miembros de la Corte en 1990 fue la voluntad de contar con una mayoría de jueces adictos, y no la de mejorar su funcionamiento”.
De forma similar se expresaron los legisladores que apoyan el proyecto de Juan José Alvarez. Según ellos, a partir de la ley 23.744, “la tarea de dicho órgano como último intérprete de la Constitución Nacional se volvió cada vez más aletargada”. “Las estadísticas referidas al desempeño de nuestro más alto tribunal, publicadas por la propia Corte, demostraron que los tiempos de resolución de causas se incrementaron a partir de aquella reforma”, agregaron.
A esta altura pocos recuerdan que el primer proyecto de reducción a siete miembros pertenece al radical Hernán Damiani, presidente de la Comisión de Legislación penal de la cámara baja. La iniciativa esta avalada entre otros por el jefe del bloque de la UCR, Horacio Pernasetti, Luis A. Molinari Romero, Federico Storani y Jesús Minguez (que también firma el de Conte Grand).
En los fundamentos de su iniciativa, Damiani consideró que la ley 23.744 “no ha cumplido con los propósitos que tuvo en vistas al ser sancionada; esto es, no se ha traducido en una mayor celeridad en el despacho de las causas ni ha garantizado un mayor nivel académico en sus sentencias; antes bien, ha servido para instaurar una Corte adicta al Poder Ejecutivo, cuyas consecuencias se hallan purgando hoy sus miembros merced a juicios políticos y renuncias”.
Entre los ministros de la Corte partidarios de esta reducción se encuentra Fayt, quien presentó ante el Congreso un proyecto de ley para reducir a sólo cinco el número de integrantes del Alto Tribunal. También Carmen Argibay en un reportaje concedido a Diariojudicial.com señaló que “el número de nueve miembros es exagerado” aunque es el mismo número de la Corte de EE.UU y de Canadá. Añadió en esa oportunidad que “El aumento del número de gente complica las cosas: cuanta más gente tenés, más posibilidades de alargar, de complicar, de no llegar nunca a una solución hasta después de millones de horas de discusión. De manera que si se pudiera reducir yo estaría encantada”.