La resolución obedeció a que los actores Esmeralda Cristina Ovando, Beatriz Ramallo, Inés Analía Riquelme, Elva Marcia Farfan Quiroga, solicitaron la ejecución de la sentencia dictada en fecha 1º de noviembre de 2002 por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.
Destacaron que habían sido traslados a los hoteles “Montreal”, y Santiago del Estero, en donde las condiciones de habitabilidad de los mencionados, lejos se encontraban de dar cumplimiento a lo normado careciendo de las mínimas condiciones de higiene, seguridad y habitabilidad por lo que pedían que se regularizara su situación.
Luego de inspecciones oculares, el juez Gallardo había exhortado al gobierno de la ciudad que tenía el deber de reubicar, en el término de tres días a los habitantes de esos centros, ya que los mismos no revestían las condiciones mínimas para que éstos pudieran vivir.
Cuando hizo lugar a la acción el juez hizo extensivo el pedido no sólo a los actores, sino a las 350 personas que vivían en esos centros que no reunían condiciones. En esa manda, el magistrado alertó que en el caso que no se cumpliera con esa medida en tiempo y forma tanto Ibarra y otros funcionarios debían pagar 500 pesos diarios de multa sobre sus ingresos personales hasta que clausuraran los alojamientos en forma efectiva y reubicaran a sus ocupantes.
Agostados los plazos, el magistrado aplicó la muta y además dispuso un embargo de tres millones de pesos sobre las cuentas del Ejecutivo porteño y ordenó crear una comisión para buscar una solución. Esto provocó la reacción del gobierno de la Ciudad que apeló tales pronunciamientos llegando el tema al tribunal de alzada.
Cuando los camarista analizaron el caso , si bien valoraron que la demandada puso en marcha mecanismos para llegar a una solución consideró que son medidas eventuales por lo cual dispuso que ahora y hasta la solución definitiva del caso se deberá notificar al tribunal de primera instancia el avance del plan de asistencia cada quince días.
Respecto de la multa original, los jueces la convalidaron pero con la salvedad de que fue reducida en un 50 por ciento, esto es que Ibarra y dos funcionarios, el ex secretario de Desarrollo Social, Rafael Romá, y el titular del Instituto de la Vivienda, Ernesto Selzer, deberán pagar 250 pesos diarios, desde el 16 de julio hasta la fecha. También revocaron el embargo decretado sobre las cuentas de la Ciudad, y la creación de la comisión de asesoramiento.