Varios ministros coincidieron en que el aplazo para decidir podas en los haberes y en la intangibilidad de los magistrados sería de dos meses, una vez finalizada la primera etapa de la política del “déficit cero”.
Por otro lado, la decisión respecto de los recursos que pedirá la Corte a la Secretaría de Hacienda no podrá demorarse más de una semana porque los plazos que se exigen desde Economía para elaborar el anteproyecto de ley de presupuesto vencen al comenzar la semana que viene.
Los ministros consultados explican que aún no recibieron el informe del Administrador General de la Corte, Nicolás Reyes, quien explicará hasta dónde se puede recortar el 13 por ciento de los gastos del Poder Judicial, recorte que excluye a los salarios. Además, advierten, aunque lo recibieran durante la reunión de mañana, no tendrían tiempo para analizarlo, por lo que se negarían a tratarlo aunque sus colegas Antonio Boggiano y Adolfo Vázquez pusieran el tema sobre la mesa.
La excusa para retrasar la definición del presupuesto es la de esperar los “techos” solicitados por Economía. Como adelantó Diariojudicial.com la semana pasada, el secretario de Hacienda, Jorge Baldrich, ya fijó su “cielorraso” en 561 millones de pesos, muy distante al cálculo que hicieron Reyes y la Administradora General del Poder Judicial, Cristina Akmentins, que sugirieron 794 millones para que la Justicia operara correctamente.
Más allá de la espera del informe de Reyes, hay que recordar que sólo puede operar sobre el 13 por ciento del presupuesto, enviados de los ministros continúan lidiando en las sombras con los funcionarios de Economía en busca de un consenso para aceptar la propuesta de 561 millones, pero con un aumento encubierto que promedie la amplia diferencia del 30 por ciento que existe entre las cifras que se manejan entre la Justicia y el ministerio que encabeza Domingo Cavallo.
La excusa será la creación de nuevos fueros y de más cargos, y logrará que ninguna de las dos partes salga cediendo, una situación que para la Corte sería la virtual paralización de la Justicia y para Economía implicaría una catarata de reclamos desde todos los ámbitos del sector público.
El recorte salarial es casi un hecho –aunque fueron desmentidas las imputaciones acerca de que ya existan proyectos de reducción-, tanto que hay ministros que explican que no se hace ahora para no pagar el doble costo político de tener que volver a recortar una vez finalizada la primera etapa del “déficit cero” si, como está previsto, no mejora la recaudación fiscal. Inclusive, ya aceptan como una obviedad que deberán resolver un cúmulo de juicios contra el estado.
De esta manera, el cachetazo a los agentes judiciales de las distintas jerarquías vendrá de un solo golpe, y con una explicación jurídica –hay antecedentes de la Corte Suprema de Estados Unidos que a más de un ministro de la nuestra le gusta citar- que sostendrá que en situación de emergencia con reducciones en las remuneraciones de todos los empleados del estado no hay lugar para hablar de violación de la cláusula de intangibilidad que establece el artículo 110 de la Constitución.
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