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Manuel Figuerero Caravías
29 de Noviembre de 2004
Respecto del asunto Scilingo deseo manifestar que tiene un tufillo ideologizante. En efecto, me parece muy bien que la Justicia lo juzgue, que lo condene y lamento que no lo pueda condenar a la pena de muerte. O sea que el introito determinará que quien lea el presente no sostenga, erradamente, que lo estoy defendiendo. No defiendo a los inhumanos, sean de derecha o de izquierda. Aclarado el punto ingreso a lo que considero el meollo de este asunto. ¿Puede un criminal o un delincuente que cometió los hechos en la Argentina ser juzgado en otro país? Los tratados que lo permitirían lo hacen con la condición de que en el país donde ocurrieron los eventos, no hubiera efectiva aplicación de justicia. Demás está decir que no es la situación de nuestro país.Pero creo que la magistratura española creé que seguimos atados al yugo de la colonia. La decisión del Supremo del Reino de España menoscaba nuestra soberanía. Lo único que nos falta es que los españoles apliquen a Scilingo las Leyes de Indias y supletoriamente las leyes de Alfonso El Sabio o las leyes visigóticas y la legislación penal y procesal de la antigua Roma.Y la circunstancia de que sea ésta decisión aplaudida por algunos cipayos argentinos, evidencia que se encuentran ciegos, cegados intelectualmente por el odio, por el odio a todo lo que sea castrense.El punto no es jurídico,ya que conforme las leyes de nuestro país, que actualmente quiero creer que rigen en plenitud y aplicables en el caso Scilingo, este asesino debe ser juzgado por las autoridades judiciales de nuestra Patria. Salvo, claro está,que no quisieran hacerlo. Pero tengo entendido que no es así puesto que se desprende de la lectura de los medios que nuestros jueces se encuentran mas que interesados en desenterrar este pasado doloroso para nuestro país, que debe ser juzgado por la historia. No es aplicable el Dura Lex Sed Lex, ya que la solución debe ser una solución política. Quienes apoyan al bando de los vencidos, es decir a los que fueron subversivos e intentaron por todos los medios mas sangrientos y criminales derribar al gobierno constitucional de esa época, y ya veteranos en tal aspecto siguieron su accionar contra el gobierno militar, sostienen que que se debe sancionar con todo el rigor de la ley a los que cometieron crímenes de guerra, violaron los derechos humanos y procedieron al genocidio de todo el pueblo de la patria. Para este último punto destaco que la subversión estaba compuesta por una ínfima minoría de personas fanáticas, sedientas de venganza contra su propia inanidad.El genocidio se debe practicar contra una minoría,una raza,seguidoresde uan religióno de una ideología, pero adoptar este punto de vista, en cuanto a la calificación penal, sería como perseguir a los ladrones. La policía en este caso sería genocida,lo que no admite discusión.En cunto a las figuras de criminales de guerra o de violadores de los Derechos Humanos, existe un pequeño problema que no tanto es de orden jurídico sino mas bien moral. ¿Quien tira la primera piedra? ¿Acaso los que acusan de violación de los Derechos Humanos, acusaron en similar situación a otros individuos que se comportaron de idéntica forma?Como en el caso de Cuba. Todos los que acusan de tal forma, son admiradores del sanguinario Fidel Castro, del tirano de la isla comunista. Será una singular casualidad o no, pero lo cierto es que es así. Que me demuestren que existe quien acusa de esta violación de derechos humanos y adopta similar temperamento con el dictador sangriento. Es que hay crímenes y crímenes. Cuando los cometen los nuestros, son obras pías, es la venganza de la masa de la población. Cuando lo hace mi enemigo, son delitos de gravedad suma. Merecen tanto la repulsa como un tratamiento procesal que ni disimule las ansias de venganza que nos anima.Una suertede faida contemporánea.Pero lo curioso del caso es que, e n este caso, todo está ajustado a derecho. Y eso no es la justicia. La justicia es otra cosa. Primero y principal exige un T
manuel figuerero caravías / dju
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