Rívolo consideró, además, que existen pruebas sobre la "administración infiel" de Cossio en convenios por alrededor de 513 millones de pesos para contratar a la UTE IBM-Banelco para la puesta en marcha de los proyectos denominados Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJyP) y Sistema Integrado Tributario (SITRIB).
Los legisladores habían denunciado que la DGI dispuso "la compra de equipos, programas, infraestructura de apoyo e insumos de computación más la prestación de servicios informáticos por centenares de millones de pesos, para lo cual se utilizó ilegalmente el mecanismo de la contratación directa". Los convenios fueron dejados sin efecto en marzo de 1998, cuando el entonces titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Carlos Silvani, comunicó a IBM Argentina la decisión de no prorrogar los contratos.
Rívolo sostuvo que Cossio abusó de su cargo y provocó un perjuicio al erario público, además de un lucro indebido a terceros. El fiscal acotó que Cossio "direccionó arbitrariamente a favor de una unión de empresas, como fue la UTE IBM-Banelco que, al momento de hacer efectivo el servicio, trasladó entre los costos del negocio grandes sumas de dinero que, mediante operaciones espurias beneficiaron a empresas vinculadas patrimonialmente con él".
Rívolo afirmó que el ex funcionario "no realizó ni encomendó una tarea de estudio previo sobre los alcances de los proyectos, las necesidades que debía cubrir, la factibilidad de la puesta en marcha, las exigencias técnicas ni su implicancia económica". Cossio "desatendió las recomendaciones que la Subsecretaría de Sistemas de Información realizó en sus dictámenes vinculantes, sobre la conveniencia de idear una solución que tuviera en cuenta el aprovechamiento de los recursos ya existentes, así como los reparos efectuados con relación al precio de las ofertas formuladas", agregó el fiscal en su dictamen.
El fiscal mencionó casos de contrataciones por valores "inflados" por un precio "15 veces más alto que el costo estimado inicialmente" y el desvío de sumas millonarias para firmas subcontratadas que habrían actuado "aparentando el cumplimiento de una prestación tercerizada de servicios". "Todo esto -agregó Rívolo- demuestra un obrar abusivo y arbitrario en el manejo de los fondos cuya administración le fue encomendada al imputado", quien tuvo "clara voluntad de beneficiar al grupo empresario IBM-Banelco".
Martorana, Soriani, Minazolli y D´Alessandro, según Rívolo, tuvieron "participación necesaria" en el delito de administración infiel "dado que sin la intervención de éstos no habría podido cometerse el ilícito perpetrado por los funcionarios de la DGI". Los directivos de IBM Argentina "conocían que la DGI se estaba obligando abusivamente a través de los contratos suscriptos" porque "sabían que el precio resultaba desmedido".
Martorana, entonces presidente de IBM Argentina estaba "al tanto –según Rívolo- de los proyectos y participó activamente en la gestación de los contratos", mientras que Soriani, Minazolli y D´Alessandro fueron quienes firmaron un documento de negocios par la intervención de dos empresas, Consad y Segurex, que habrían servido de "escape" para el desvió de un "enorme suma de dinero". Por eso el fiscal solicitó también que sean sometidos a juicio oral los integrantes de esas empresas y de otras que calificó de "vinculadas": Juan Carlos Cattáneo, Silvina de la Rúa, Liliana Almosny, Carlos Krieger, Carlos Juni, Horacio Pasman, Antonio Altieri, Félix De Barrio y Eduardo Novillo Astrada.