El fiscal de Cosquín Eduardo Gómez rechazó por falta de pruebas una de las denuncias de supuesto robo de bebés en el hospital "Domingo Funes" de Santa María de Punilla, al tiempo que se comprometió a continuar con la investigación sobre las históricas clínicas de otros casos que tuvieron características similares. La denuncia que desestimo el fiscal la realizó una mujer que se presentó ante la justicia a raíz de que dio a luz a su bebé en el hospital "Domingo Funes", pero se le informó, horas después que éste había fallecido, lo que generó en ella las sospechas sobre la venta del niño. Gómez justificó su decisión en que no halló ninguna prueba en el caso que indicara que el bebé sigue con vida, pero señaló que continúa analizando 37 historias clínicas similares a ese caso.
Investigación
La justicia catamarqueña investiga la venta de más de 1 millón de hectáreas sobre la cordillera de Los Andes, en una operación que se habría realizado el 19 de noviembre de 1985 por una suma de 267.984 australes que expresada a valores actuales, representa apenas 26 pesos. El juez federal, Pedro Navarro investiga la validez de la operación y girará oficios a oficinas gubernamentales para verificar los hechos. Entre los organismos notificados figuran el Ministerio de Defensa, la Secretaría de Pesca y Fauna Silvestre y la Gendarmería Nacional, para que actúen como querellantes en la venta de estos terrenos. Las tierras están ubicadas en el departamento de Tinogasta y contienen el Paso Internacional San Francisco, que une la Argentina con Chile, los picos montañosos Ojos del Salado, Pissis y Tres Cruces y el asentamiento de la Gendarmería Nacional que controla el paso. La denuncia fue hecha por el abogado Julián Nando Quintar, un ex senador provincial del oficialista Frente Cívico.
Asociación profesional
El Tribunal Supremo de Justicia de España ordenó que un grupo de hoteles en donde se ejerce la prostitución se inscriba en el Registro de Asociaciones de la Dirección General de Trabajo al confirmar un fallo de la Audiencia Nacional que en 2003 se había pronunciado en ese sentido. De esta manara la entidad "Mesalina" integrada por empresarios de hoteles en los que terceras personas ejercen libremente la prostitución, podrá integrar los listados de sociedades empresarias la cual había sido negada por la Administración. Cuando realizaron los tramites ante el estado los hoteleros explicaron que su actividad consistía en la tenencia o gestión de establecimientos hoteleros destinados a dispensar servicios que tengan como público objetivo terceras personas, ajenas al establecimiento. Además, destacaron que los fines de la organización son la defensa de sus intereses económicos, la negociación colectiva, el planteamiento de conflictos laborales y la participación en los organismos públicos de las administraciones laborales. Por su parte, la Dirección General del Trabajo negó la solicitud señalando que la ley no reconoce la prostitución como "actividad" y además no se encuentra regulada expresamente, estando únicamente tolerada.
Pero, para la justicia "Mesalina" estaba legitimada para intervenir como “asociación profesional” en los problemas laborales que puedan producirse entre aquellos trabajadores que se precisan para hacer funcionar los mencionados hoteles, como son los camareros o las limpiadoras.
Asimismo, se añadió que el hecho de que la asociación no elimine de sus estatutos la referencia a quienes ejercen la prostitución no debe entenderse en el sentido de inducción a esta actividad aunque, si en futuro se comprueba que Mesalina pretende fomentarla, "habrán de adoptarse las medidas oportunas por quien corresponda"