De esta forma se ampliaría el uso para efectuar reclamos ante las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo y aún ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Así se establece que podrá utilizarse “por el trabajador dependiente, para cualquier comunicación dirigida a una aseguradora de riesgos del trabajo o a la autoridad de control, vinculada con un accidente de trabajo o enfermedad profesional, tanto si la remite en forma personal o representado por la organización gremial correspondiente”.
También para posibilitar a los afiliados y beneficiarios del sistema integrado de jubilaciones y pensiones, cualquier comunicación a organismos previsionales sea la ANSES o las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones o a la propia autoridad de control, la Superintendencia de Administradoras Fondos de Jubilaciones y Pensiones.
En los fundamentos, Guinle expresa que el sistema implementado por la Ley 24.557, crea una relación directa del trabajador que padece un infortunio laboral con las aseguradoras de riesgosdel trabajo, resultando habitual la necesidad de los trabajadores de formular reclamos ante las mismas para el reconocimiento y cobertura del infortunio como así también para obtener en tiempo y forma las prestaciones dinerarias y en especie.
Por otra parte, y en el marco de la nueva Ley de jubilaciones -Ley 24241- que instituyó el sistema integrado de jubilaciones y pensiones -creando un régimen previsional público y un régimen de capitalización- la normativa vigente de la Ley 23.789 -afima el legislador- debe adecuarse a esta nueva realidad jurídica y prever la posible utilización del telegrama obrero tanto para los beneficiarios -jubilados y pensionados- como para los afiliados -trabajadores dependientes o aportantes a cualquiera de los regímenes- hoy excluidos de este beneficio.
En este último aspecto agregó que existen cotidianamente situaciones de conflicto que necesitan de un medio fehaciente de notificación para el resguardo de los derechos afectados, en especial por parte de los futuros beneficiarios del régimen, los que la Ley denomina "afiliados", pues cotidianamente se presentan situaciones previas a la tramitación del beneficio y aún relacionadas con el manejo de las cuentas de capitalización de aportes.
El proyecto cuenta con media sanción del Senado que en su última sesión de 2004 lo aprobó por 43 votos afirmativos, ninguno negativo y ninguna abstención luego de que la Comisión de Trabajo y Previsión Social expidiera su dictamen, por lo que fue girado a la cámara baja y será uno de los temas que deberá abordar la Cámara de Senadores en su agenda 2005.