El proceso fue iniciado en diciembre de 1995 por seis demandantes a los que se unieron luego 40 más en agosto de 1996. Tras el rechazo de su recurso por un tribunal de distrito en 1999, seis de ellos no recurrieron al Tribunal Superior. El monto total de condena asciende a U$S 480.000.
Según el fallo, Japón debe pagar a cada uno de los demandantes 1,2 millones de yenes (equivalentes a casi U$S 12.000 ), en concepto de pensión. Asimismo, el Tribunal rechazó la petición de los damnificados con relación a que el Estado y la empresa Mitsubishi Heavy Industries Ltd. les pagaran otras compensaciones.
El Tribunal fundamento su sentencia en la afirmación de que el gobierno japonés es responsable del apoyo financiero de las víctimas de las bombas atómicas aunque se encuentren en el extranjero, ya que en su opinión el decreto de 1974 que limitaba esta ayuda sólo a los que residieran en Japón es inconstitucional.