Abel Cornejo es el titular del juzgado federal nº 1 de Salta desde 1993 e ingresó a la carrera judicial como empleado, transitando todos los escalones intermedios antes de llegar a la magistratura. Tiene jurisdicción en toda la provincia y se hizo conocido por su actuación en torno a las repetidas protestas sociales protagonizadas por los llamados "piqueteros": "Por mi formación, trato de mantener una línea de independencia absoluta. En el conflicto que se produjo en junio he sentido múltiples presiones y condicionamientos de parte del Poder Ejecutivo. No corresponde que lo diga ahora pero lo daré a conocer cuando deje de ser juez" , dice cuando se le pregunta sobre el tema. Pero los piqueteros no son, ni fueron, la única preocupación para este magistrado que viene bregando para que se instale el juzgado federal de Orán, creado por ley hace 17 años y que tendrá competencia sobre la "frontera caliente" con Bolivia, zona muy sensible en lo que respecta al narcotráfico, delito en el que, según sus palabras "hasta ahora en muy pocos casos se ha llegado a los "peces gordos". Parece que hubiera mucha mas preocupación por las estadísticas en esta materia que por reprimir eficazmente este delito". Cornejo estuvo en Buenos Aires, invitado por Adepa para participar en un seminario sobre "Prensa y justicia", donde habló acerca de la "Ética en la justicia". Esta es la charla que mantuvo con Diariojudicial.com
Diariojudicial.com: Usted se hizo conocido por su actuación en las protestas e incidentes protagonizados por los piqueteros en Salta.¿Cuándo fue su primera intervención en el tema?
Abel Cornejo: La primera vez fue en mayo de 1997. Se trató de un corte de ruta de 13 días. Afortunadamente logré la mediación del entonces obispo de Orán y se consiguió una solución pacifica sin ningún tipo de medida violenta. Según me dijeron varios vecinos de General Mosconi, desde 1997 a la fecha, la protesta se fue radicalizando porque empezó a radicarse en Mosconi gente de otros lugares. La cuestión fue empeorando con el correr del tiempo. Por la información que yo tengo, en las primeras protestas vino gente de otros lugares a participar. Ahora ya hay gente radicada en Mosconi que luego participa en la organización de las protestas. General Mosconi es un lugar donde permanentemente transita mucha gente, porque es camino de paso hacía la frontera con Bolivia, o sea que, más allá de ser una frontera "caliente" por problemas de narcotráfico y contrabando, también hay gran intercambio comercial y muchas localidades cercanas a no mas de 25 o 30 kilómetros. Por ejemplo, Tartagal es la más cercana y está a seis kilómetros y medio. Además, si bien hace muchísimo calor en verano, los inviernos no son tan severos, de manera que si se quiere organizar una protesta que no sea espontánea es una zona muy buena para hacerlo en cualquier momento del año, por todos estos factores que le comenté.
Dju: ¿Desde 1997 a la fecha hubo un patrón de periodicidad en cuanto a la fecha de las sucesivas protestas o estas se dieron de manera totalmente aleatoria?
AC: Hubo, fundamentalmente, un gran estallido a partir de mayo de 2000, donde ahí se produce el primer hecho sumamente violento que fue cuando se quema la municipalidad de General Mosconi. En junio de 2000 se dio otra protesta importante. Luego, en noviembre de 2000 se producen incidentes en Mosconi y Tartagal, con corte de rutas. Más tarde, en febrero de este año, fue el intento de copamiento de la planta de Refinor en Campo Durán y luego vinieron los hechos de junio de este año.
Dju: ¿Hasta donde un juez federal puede actuar, en estos casos de protestas sociales de magnitud, cuando al mismo tiempo hay actuación del Poder Ejecutivo? Concretamente, ¿usted se sintió presionado o condicionado por el Poder Ejecutivo, por el hecho de que hubieran negociaciones con los piqueteros simultáneamente con su actuación?
AC: Por mi formación, trato de mantener una línea de independencia absoluta. En el conflicto que se produjo en junio he sentido múltiples presiones y condicionamientos de parte del Poder Ejecutivo. No corresponde que lo diga ahora pero lo daré a conocer cuando deje de ser juez. Hay que diferenciar lo que es reclamo social y lo que es comisión de delitos. Lo que yo pude observar y lo informé verbalmente y por escrito a las autoridades pertinentes, es que hay un retroceso del Estado en General Mosconi. Así, como el Estado de Derecho prevé que se goce ampliamente de todas las garantías y libertades, también es función de los jueces restaurar en orden jurídico y preservarlo. Sin embargo, es necesaria una función política de carácter preventiva, porque sino parece que la justicia termina teniendo una función exclusivamente represiva que no es para nada la conveniente. Los jueces terminamos quedando como el último bastión del Estado que va en esa zona.
Dju: ¿No le pareció una interferencia en su accionar, el hecho de que el ministro Juan Pablo Cafiero estuviera en General Mosconi dialogando con determinadas personas a las que usted les había librado orden de captura?
AC: En el testimonio por escrito que yo le tomé al ministro, él me informó que no sabia quienes eran las personas con quien estaba hablando. De todas maneras yo puse en conocimiento de los ministros del Interior y de Trabajo mi opinión de que es sumamente inconveniente que quienes han participado y dirigido hechos violentos tengan el control de los planes Trabajar, porque lo que se ve y que ha denunciado en mi juzgado mucha gente de General Mosconi es que si no participaba en las protestas y se plegaba a un pacto de silencio, automáticamente se les retiraba el beneficio. Por supuesto, no puede decirse que toda la gente que tiene los planes Trabajar sea gente violenta, sino que es solo una pequeña minoría. La distribución de los planes Trabajar lo tiene que tener un organismo o persona que no esté involucrado con estos hechos violentos
Dju: ¿Cuánta gente participó de las protestas y cuantos son los organizadores?
AC: En cuanto a los organizadores, no se puede determinar un numero de manera fehaciente, pero habrán sido 10. en cuanto a la gente que participó en las protestas, en su pico máximo habrán sido 250 a 300 personas. Ahora, personas que dispararon a la Gendarmería, hasta el momento hay 23 sindicados, cuatro de los cuales fueron indagados
Dju: A mediados de agosto, la Cámara federal de Salta revocó tres prisiones preventivas dictadas por usted en el caso de los piqueteros...
AC: En junio se habían dictado prisiones preventivas de tres personas que habían sido detenidas antes. La denegatoria de excarcelación obedecía exclusivamente a que no se había pacificado totalmente la zona y persistían los efectos del delitos, que el juez tiene como obligación hacer cesar , por eso se denegó la excarcelación. Eso está previsto en el artículo 319 del Código Procesal. La cámara entendió que ya se habían dado las condiciones para la excarcelación y por eso las dispuso...
(N de la R: "Art. 319 del Código Procesal Penal: Podrá denegarse la exención de prisión o excarcelación, respetándose el principio de inocencia y el artículo 2º de este Código, cuando la objetiva y provisional valoración de las características del hecho, la posibilidad de la declaración de reincidencia, las condiciones personales del imputado o si éste hubiere gozado de excarcelaciones anteriores, hicieren presumir, fundadamente, que el mismo intentará eludir la acción de la justicia o entorpecer las investigaciones.")
Dju: A usted se le atribuyen declaraciones en el sentido de que habrían intervenido activistas de ultraizquierda en los piquetes...
AC: Estas personas hicieron declaraciones publicas, incluso a través de la televisión, donde expresaron ideas de esta naturaleza. Yo soy juez con competencia electoral así que mi comportamiento ha sido el de actuar con la máxima prudencia posible y no iniciar ninguna suerte de caza de brujas en ese sentido, para que no pareciera que los únicos responsables de lo que pasa fueran, en el caso concreto, el Partido Obrero. Yo le di el reconocimiento jurídico-político dentro de mi jurisdicción al Partido Obrero y recibí a las organizaciones de derechos humanos que me vinieron a ver, entre ellos el Premio Nobel Perez Esquivel, el padre Farinello, etc. y sigo manteniendo conversaciones con dirigentes de organismos de derechos humanos y partidos políticos de izquierda
Dju: Esta pregunta está vinculada con otra hipótesis que se barajó en su momento, que decía que se estaba "armando" una supuesta protesta política para facilitar operaciones de narcotráfico en la zona de la frontera con Bolivia...
AC: Escuché eso, por supuesto, pero es algo que queda en manos de las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia. Un juez debe limitarse a las pruebas que tiene en el proceso que está a su cargo. Yo no avizoré ninguna prueba en tal sentido en la causa. Por ahora, son meras conjeturas. De lo que surge en la causa no hay ningún tipo de vinculación con el narcotráfico. Lo que se ve es que hay un reclamo social muy fuerte y sostenido y elementos que han aprovechado de ese reclamo para llevar adelante hechos violentos...
Dju: En este momento, ¿la situación mejoró?
AC: No, sigue igual. Espero que en General Mosconi haya alguna política de Estado mas allá de lo coyuntural y electoralista. Mosconi, hace años, era un pueblo de alto poder adquisitivo, donde el derrumbe económico se vivió de una manera muy intensa porque el origen de sus vecinos no fue la pobreza. Creo que hace falta un plan donde intervenga el sector privado y el publico, un plan de fondo que va a llevar por lo menos diez años, para generar fuentes de trabajo y sanear todas las carencias que allí son palpables.
Dju: En ese sentido, hay algún plan concreto en marcha, porque en medio de las protestas desde el gobierno habló de multitud de proyectos...
AC: No, ahora lo único que hay son paliativos y discusiones de cierto tinte ideológico mas preocupadas por el acto electoral del 14 de octubre que por la solución de fondo. Habría que olvidarse de las elecciones de octubre y hacer un plan de fondo.
Dju: Justamente, en un momento se hablo de que los piqueteros constituyeran un partido político...
AC: Antes de los hechos de junio, en conversaciones con algunos de los manifestantes yo los alenté permanente a que se organizaran y actuaran dentro del sistema, pero en la provincia no se presentó ningún partido nuevo o alianza que contenga a los piqueteros.
Dju: Una de sus preocupaciones es la puesta en funcionamiento del juzgado federal de Orán, ¿En que etapa se encuentra su implementación?
AC: Esperó que, a mas tardar, a principios del año que viene el juzgado federal de Orán esté funcionando porque, entre otras cosas, nosotros nos enteramos por teléfono de cosas que suceden a 400 kilómetros de la sede de nuestro juzgado. Toda la oposición a la creación de este juzgado de Orán me parece pueril. Hoy la gente pide inmediación de parte de la justicia. Si usted tiene una frontera tan extensa como la que tiene Salta, lo menos que puede tener es un juzgado que tenga jurisdicción sobre esa zona. Ese juzgado tendría jurisdicción sobre los departamentos de Orán, de San Martín, donde están Tartagal y Mosconi, de Rivadavia, Iruya y Santa Victoria. Sería aproximadamente un 35 por ciento del territorio provincial, pero se trata de una zona particularmente sensible, tanto desde lo social como desde lo delictivo. La sede de mi juzgado está en la ciudad de Salta, a 400 kilómetros de Mosconi, por dar un ejemplo. Mi juzgado está llevando, nada más que de causas penales, entre dos mil quinientas y dos mil setecientas por año. Además de eso tenemos competencia previsional, civil y fiscal. En la practica la justicia es una metáfora. Estamos hablando de 4000 expedientes por año o más. El personal del juzgado es de solo 24 empleados.
Dju: Respecto de esta verdadera "congestión judicial", usted también tuvo intervención en el tema de los detenidos que querían alojar en contenedores...
(N de la R: A mediados de mayo de este año, alrededor de 25 personas detenidas por delitos federales en Salta iban a ser alojados, por falta de lugar, en contenedores metálicos que estaban siendo acondicionados como celdas por Gendarmería Nacional.)
AC: En ese caso se hizo de oficio un habeas corpus preventivo para mejorar la situación de los presos y tengo la satisfacción de que se mejoró porque el Ministerio de Justicia acudió de inmediato a Salta y construyeron celdas de material con condiciones dignas para detención. Pero es urgente que se construya la cárcel federal del Norte. la cárcel federal mas cercana por esa zona es la de Resistencia, que es un penal de máxima seguridad. La cárcel del Norte no sería de máxima seguridad y contemplaría la posibilidad de regímenes semiabiertos. El proceso licitatorio estaba bastante avanzado, pero por las actuales condiciones económicas, estimo que se va a demorar. Ahora a los detenidos están en el Servicio penitenciario provincial o en las celdas que acondicionó Gendarmería. Ahí hay unos 15 detenidos, porque a medida que se producen "vacantes" en el Servicio penitenciario provincial, los vamos pasando allá. Eso nos trae otro problema que es una vieja polémica entre la provincia de Salta y la Nación sobre la "deuda de los presos federales", es decir, lo que tendría que pagar la Nación por alojamiento de presos federales en cárceles provinciales.
Dju: ¿Qué evolución han tenido, en los últimos años, las causas sobre narcotráfico que llegan a su juzgado?
AC: Estas causas han aumentado sensiblemente pero lo que mas preocupa es que han aparecido metodologías mas sofisticadas. Por ejemplo, el año pasado se hizo un procedimiento que tuvo repercusiones en Australia, Nueva Zelanda y Singapur porque se descubrió una línea internacional de transporte de droga. Al caso se lo conoció como el de la cocaína negra porque la droga venía disimulada en toner para impresoras. Hace falta un control del espacio aéreo de la zona. El famoso plan de radarización sigue postergado. Creo que, además, haría falta una coordinación de políticas de Estado entre la Nación y las provincias para que tanto en el manejo de la información como de la acción se aúnen esfuerzos, es especial en materia de coordinación de fuerzas de seguridad. En la zona de la frontera interviene Gendarmería Nacional, Policía Federal, Policía Aeronáutica, en ciertos casos la Aduana, Prefectura Naval y las policías provinciales. Entonces se produce una suerte de diáspora que no contribuye a una mayor eficacia en la investigación.
Dju: ¿No se comparte información entre las fuerzas de seguridad?
AC: Siempre existe una cierta reticencia propia de cada fuerza y eso repercute en que la acción no sea mas efectiva...
Dju: Además de la cantidad de causas, ¿aumentó la cantidad de droga secuestrada?
AC: Si, así es. Aquí influye la situación en Bolivia, donde el sindicato cocalero ha cobrado una gran fuerza política. Este sindicato es, prácticamente, un poder detrás del poder en Bolivia, y todo hace pensar que se van a activar mayores operaciones de trafico hacía la frontera argentina y hacía Brasil. La pobreza extrema que existe entre una buena parte de la población boliviana contribuye a que muchos de ellos puedan ser inducidos a "pasar" droga a través de la frontera como una forma de vida.
Dju: La política oficial del gobierno boliviano, que despertó mucha resistencia entre la población rural, fue la de erradicación de los cultivos de coca ¿cómo repercute eso en nuestro país?
AC: Hasta este momento, ese plan de erradicación de cultivos ha sido una expresión de deseos. El último intento serio que se hizo tuvo como contrapartida esa famosa marcha que organizó uno de los lideres del sindicato de cocaleros, donde habían personas tomadas de las manos en una fila de dos mil kilómetros, de Santa Cruz de la Sierra a La Paz. Además, si junto con la erradicación de coca no aparece un cultivo productivo en términos de rentabilidad para los campesinos, la gente no va a dejar de cultivarla.
Dju: ¿Existe la posibilidad que Salta y Jujuy se conviertan en zonas de cultivo intensivo de coca?
AC: Podría darse en algunas zonas pero no se han registrado grandes zonas de cultivo. Sigue siendo una zona de transito. Incluso el consumo sigue siendo muy bajo. Creo que la frontera es una zona a la que hay que tener muy presente y la solución no pasa por montar un esquema represivo, sino en mejorar la situación social.
Dju: ¿La actual ley de estupefacientes le parece adecuada?
AC: Yo daría un margen mayor a la imposición de penas porque a veces quedan detenidas personas que están rayanas en el estado de necesidad. Con el mínimo de prisión actual, que es de cuatro años y por lo tanto no es un delito excarcelable, muchas veces vemos que la aplicación de la ley resulta injusta de acuerdo a la naturaleza de la persona que cometió el delito. Creo que el discurso represivo debe estar orientado a desbaratar las organizaciones dedicadas al narcotráfico.
Dju: Precisamente, a los efectos prácticos, ¿Este marco legal permite combatir a esas organizaciones, o solo se detienen a los delincuentes de menor importancia?
AC: Hasta ahora en muy pocos casos se ha llegado a los "peces gordos". Parece que hubiera mucha mas preocupación por las estadísticas en esta materia que por reprimir eficazmente este delito. Más que hacer hincapié en cuanta droga se secuestra, hay que apuntar al desbaratamiento de las organizaciones mafiosas que se dedican a la producción y trafico de droga.
Dju: ¿Figuras como la del arrepentido, el agente encubierto y el testigo protegido son útiles para combatir este tipos de delitos?
AC: Hay que distinguir estas figuras, que aparecen en la ley de estupefacientes. El testigo protegido me parece algo que debiera regir, no solo para delitos de narcotráfico sino para todas las figuras del Código Penal. El arrepentido es muy importante en materia de crimen organizado no solo en materia de narcotráfico. En Italia se descabezaron organizaciones mafiosas en base a la figura del arrepentido. En cambio, el agente encubierto me parece una figura mas cuestionable porque parece que la ley lo autoriza a cometer delitos para desbaratar otros. Creo que habría que darle otras características.
(N. de la R: Ley 23.737, sobre estupefacientes: "Artículo 31 bis - Durante el curso de una investigación y a los efectos de comprobar la comisión de algún delito previsto en esta ley o en el art. 866 del Código Aduanero, de impedir su consumación, de lograr la individualización o detención de los autores, partícipes o encubridores, o para obtener y asegurar los medios de prueba necesarios, el juez por resolución fundada podrá disponer, si las finalidades de la investigación no pudieran ser logradas de otro modo, que agentes de las fuerzas de seguridad en actividad, actuando en forma encubierta:
a) Se introduzcan como integrantes de organizaciones delictivas que tengan entre sus fines la comisión de los delitos previstos en esta ley o en el art. 866 del Código Aduanero, y
b) Participen en la realización de alguno de los hechos previstos en esta ley o en el art. 866 del Código Aduanero.
La designación deberá consignar el nombre verdadero del agente y la falsa identidad con la actuará en el caso, y será reservada fuera de las actuaciones y con la debida seguridad.
La información que el agente encubierto vaya logrando, será puesta de inmediato en conocimiento del juez.
La designación de un agente encubierto deberá mantenerse en estricto secreto. Cuando fuere absolutamente imprescindible aportar como prueba la información personal del agente encubierto, este declarará como testigo, sin perjuicio de adoptarse, en su caso, las medidas previstas en el art. 31 quinqués. (agregado por ley 24424)
Artículo 31 ter - No será punible el agente encubierto que como consecuencia necesaria del desarrollo de la actuación encomendada, se hubiese visto compelido a incurrir en un delito, siempre que este no implique poner en peligro cierto la vida o la integridad física de una persona o la imposición de un grave sufrimiento físico o moral a otro.
Cuando el agente encubierto hubiese resultado imputado en un proceso, hará saber confidencialmente su carácter al juez interviniente, quien en forma reservada, recabará la pertinente información a la autoridad que corresponda.
Si el caso correspondiere a las previsiones del primer párrafo de este artículo, el juez lo resolverá sin develar la verdadera identidad del imputado. (agregado por ley 24424).
Artículo 33 bis - Cuando las circunstancias del caso hicieren presumir fundadamente un peligro cierto para la vida o la integridad física de un testigo o de un imputado que hubiese colaborado con la investigación, el tribunal deberá disponer las medidas especiales de protección que resulten adecuadas. Estas podrán incluso consistir en la sustitución de la identidad del testigo o imputado, y en la provisión de los recursos económicos indispensables para el cambio de domicilio y ocupación, si fuesen necesarias. La gestión que corresponda quedará a cargo del Ministerio de Justicia de la Nación. (agregado por ley 24424)." )
Dju: ¿Usted tuvo que utilizar estas figuras?
AC: En dos ocasiones se utilizaron agentes encubiertos y en cuanto a arrepentidos se dieron varios casos pero la situación de estos últimos queda a resolución del tribunal oral, respecto de la evaluación que este haga de sus declaraciones. En cuanto al agente encubierto, como decía, no es una figura con la que simpatice. El tribunal tiene que vigilar que el agente no vaya a ser el inductor o provocador del delito. En un caso que investigamos, sobre un grupo de ex gendarmes que se dedicaban al trafico de cocaína, la actuación de un agente que actuó encubierto produjo muy buenos resultados.
Dju: ¿Los testigos protegidos reciben una protección real de parte del Estado?
AC: Hasta ahora es totalmente ilusoria esa protección. Debe hacerse un Plan de Testigos Protegidos con la suficiente financiación para que si fuera necesario se le posibilite al testigo la sustitución de su identidad y se le brinden los recursos económicos indispensables para el cambio de domicilio y ocupación. Ahora eso no existe. Hasta ahora lo que hay es la ley y las ganas de aplicar la figura del testigo protegido.