En el acuerdo de hoy martes, la Corte Suprema por mayoría desestimó un recurso presentado por la defensa de Enrique Arancibia Clavel, a quien se lo condenara a la pena de reclusión perpetua por la muerte del general chileno Carlos Prats González y su esposa, en autos caratulados “Recurso de hecho deducido por la defensa de Enrique Lautaro Arancibia Clavel... s/homicidio y asociación ilícita”. Tiempo atrás el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6 había condenado a Arancibia Clavel a la pena de reclusión perpetua por considerarlo autor penalmente responsable del delito de asociación ilícita calificada y partícipe necesario del delito de homicidio doblemente agravado, ambos en concurso real, a raíz de su intervención en la muerte del general chileno y su esposa. En su momento la defensa del imputado interpuso el respectivo recurso ante la Cámara de Casación Penal, cuya Sala I lo rechazó. Ahora la Corte desestimó el recurso extraordinario con los votos afirmativos de los ministros Antonio Boggiano, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni, Elena Highton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti. Por su parte, el presidente de la Corte, Enrique Petracchi, entendió que la imputación por el delito de asociación ilícita se encontraba suficientemente fundamentada, no así la correspondiente al homicidio. Consideró entonces que tal carencia afectaba el derecho de defensa consagrado en el art. 18 de la Constitución, y con ese alcance concedió la apelación federal. A su turno, los ministros Augusto Belluscio y Carlos Fayt votaron en el mismo sentido.
Archivo
En el Palacio de Tribunales de La Pampa decenas de expedientes y de pruebas cruciales se guardan en un baño. Una caja fuerte con numerosos archivos comparten espacio con un inodoro y un lavabo en el baño que es utilizado por decenas de empleados de los juzgados de instrucción 6 y 7. La situación no es muy cómoda para los empleados y los mismos jueces. A veces, deben interrumpir juicios orales y públicos. Es que no en pocas oportunidades, cuando los empleados van a retirar pruebas solicitadas por los jueces, tienen que esperar a que se desocupe el lugar.
La caja fuerte ocupa un significativo espacio en el baño, ubicado en el primer piso del Palacio de Tribunales, en Quintana y Pellegrini. Está junto a ventiladores en desuso y escobillones. La caja fuerte fue colocada en esa habitación por la falta de espacio en los tribunales. Para estar más cómodos, los empleados y jueces deberán esperar al menos un par de años: este año recién comenzarían los trabajos para construir la llamada Ciudad Judicial que contendrá a los juzgados penales y civiles.
Resolución General (Texto completo al final)
Mediante la resolución N° 14, publicada este martes en el Boletín Oficial de la Ciudad, la Fiscalía General de la Ciudad resolvió establecer un criterio general de actuación, en los casos de obstrucción de la vía o espacios públicos y de afectación a la protección de la seguridad y la tranquilidad públicas (artículos 78 y 85 del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires). Así cuando los funcionarios de las fuerzas de seguridad informen que por disposición de sus autoridades superiores deben cumplir otras instrucciones diferentes a las recibidas por el/la fiscal interviniente, los integrantes del Ministerio Público Fiscal en materia contravencional y de faltas deberán dar aviso a la Fiscalía General para asegurar la debida comunicación con las autoridades pertinentes del Gobierno Nacional.
La resolución se basó en la reunión mantenida entre el Fiscal General y el señor Ministro del Interior de la Nación, Dr. Aníbal Fernández el pasado 21 de febrero donde se reconoció la potestad general de las autoridades judiciales locales para entender en las materias reguladas por el Código Contravencional y, sin perjuicio de ello, se acordó que en los casos de ocupación de la vía pública y espacios públicos de la Ciudad de Buenos Aires, por manifestaciones o protestas, en los cuales se estimen comprometidos los intereses del Gobierno Nacional, se mantendrá una permanente comunicación a fin de establecer estrategias comunes o deslindar los ámbitos de actuación.
Acoso sexual
La República Popular China prohibirá por primera vez en su historia el acoso sexual cuando reforme la Ley de Protección de Derechos e Intereses de Mujeres, en los próximos meses.
La Asamblea Nacional Popular vaticinó grandes cambios en el país, cuando la ley convierta en un ´´crimen´´ el acoso sexual a la mujer. Al respecto Yang Dawen, profesor de derecho de la Universidad del Pueblo de China, aseveró que la propuesta de ley ofrecerá un principio de definición y castigo para el acoso sexual y servirá de fundamento para futuras leyes o normativas en este ámbito. En este sentido, otros académicos, destacaron que los artículos de esa ley deberían definir con claridad qué es un acto de acoso, dado que sino será inútil tener una nueva norma ya que el código civil prohíbe tomarse libertades con mujeres en lugares públicos.