La iniciativa, de la senadora provincial (PJ) Susana Salerno, que tiene media sanción y fue girada a Diputados prevé para la etapa de diligencias preliminares de intimación mediante carta documento o telegrama en la cual consten datos tales como fecha de ingreso, categoría profesional, nivel remuneratorio y monto reclamado.
Voceros judiciales señalaron que en la actualidad la intimación administrativa, tiene características más simples y generalmente tiende al reconocimiento de la relación laboral. Pero en el caso ideal de aprobarse el proyecto, se le exige al empleador "que responda puntualmente" y que "si está dispuesto a satisfacer el reclamo, debe citar al pago".
En tanto, si las partes no acuerdan mediante la vía administrativa "se abre la etapa judicial en la que debe acreditarse el intercambio telegráfico y ratificar por testigos los puntos incluidos en la intimación". Cumplida esa ratificación "se libra mandamiento de embargo y se cita al deudor para que plantee su defensa", se señala en el proyecto al que tuvo acceso Diariojudicial.com.
El proyecto, que contó con el asesoramiento del abogado marplatense Beltrán Laguyás expresa que "ante la precarización del trabajo y la merma de oportunidades laborales, con la obvia falta de dinero, quienes son acreedores por remuneraciones, no disponen de medios idóneos para hacer valer sus derechos rápidamente".
En tanto, en los fundamentos se añade que "se busca nivelar la gran desigualdad legal existente entre los reclamos judiciales por salarios (que demoran años)frente al tratamiento más ágil que reciben pleitos en que se debaten otros conceptos" en alusión a los juicios ejecutivos en el fuero civil.