Según la denuncia de la AFIP las firmas presuntamente se valieron "de una simulación" para evadir tributos, maniobra que se habría instrumentado mediante una primera venta de Bernstein a su esposa, María Claudia Alonso, por u$s 4.700.000 que "a su vez el mismo día procedió a revender los mismos inmuebles a Village Cinemas" por u$s 18 millones, según señalaba la presentación inicial.
A raíz de la denuncia y la determinación de oficio de una presunta evasión por $ 4.5 millones, desde el Jugado Penal Económico nº 1 a cargo de Bernardo Vidal Durán se ordenó primero la detención de los imputados y luego la realización de una peritación contable.
La primera pericia arrojó un costo computable de $ 21 millones (precio de compra de 150.000 australes (año 89), más el precio de las 49 hipotecas, mas actualización) lo que otorgaba un quebranto de $ 3 millones frente a los $ 18 millones de la venta. Esto fue ratificado por una segunda pericia de la que también participaron profesionales designados por la AFIP, quienes suscribieron un dictamen presentado al juez interviniente, en donde se concluyó que existía realmente un quebranto y no una ganancia.
Consultado por este medio, Sergio Pizarro Posse –abogado de Jorge Bernstein- señaló que la escritura de compraventa estuvo a la vista siempre “ignorando (la AFIP) el pedido de prueba efectuado en sede administrativa”. En base a ese documento afirmó que “era una circunstancia no discutida que las hipotecas figuraban en la escritura.
En este sentido remarcó que en el caso “hay responsabilidad de la AFIP” quien “ignoró el descargo hecho por la sociedad en su momento” instalando una hipótesis en perjuicio de su defendido “causando un tremendo perjuicio a los supuestos involucrados”. La Fiscalía y el Poder Judicial aceptaron una hipótesis que era sólo de la AFIP, concluyó el letrado.
En tanto fuentes consultadas de la AFIP señalaron que la rectificación fue realizada en sede judicial, en donde se informó del quebranto existente a favor del contribuyente y que “la intención del organismo es poder llegar a un juicio oral para esclarecer abiertamente los hechos” ya que habría una “venta fraudulenta vía simulación” y que en las audiencias públicas será donde se discuta.