Mediante la decisión Administrativa 173/2005, que lleva la firmas del Presidente, del jefe de gabinete y del propio ministro de Justicia, Horacio Rosatti, se creó el cargo de Representante del Poder Ejecutivo Nacional ante el Consejo de la Magistratura, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Allí se establece que el cargo tiene carácter de extra escalafonario y una remuneración acorde con la de los restantes integrantes del Consejo: equivalente a la del Nivel “A”, Grado “0” del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa aprobado por el Decreto Nº 993/91 T.O.1.995, más un suplemento no remunerativo ni bonificable.
Comienza el Debate
Se celebra hoy la primera audiencia de debate en el juicio el juicio oral y público que tiene como imputado a Carlos Castañeda, ex comisario de la Policía Federal, acusado de la presunta pérdida de pruebas clave en la causa por el atentado a la AMIA, entre ellas, 66 casetes con escuchas telefónicas, En el debate intervendrá la AMIA, como parte querellante. El Juicio Oral y público se llevara a cabo en el Tribunal Oral Federal 6, que juzgará también a su ex segundo, Jorge Gelabert, por los cargos de presunta destrucción de pruebas y falsedad ideológica de documento público. Debido a la lista de testigos, ya presentadas por las partes ante el Tribunal, se estima que el debate podrá finalizar en el curso de esta semana.
Abogados sin Presidente
Alberti murió por una enfermedad infecciosa por la que estaba internado desde hacía tres meses en el Centro Argentino de Diagnóstico y Tratamiento. Tenía 65 años y en abril de 2004 había sido elegido presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Ahora, la titularidad de la entidad recaerá en Lucio Ibáñez, su vicepresidente. “Carlos Alberti fue un hombre de la colegiación, luchador permanente por la vigencia del Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos. Dedicó su vida a la defensa de esos ideales y del abogado”, expresó el Colegio en una carta publicada en su sitio de internet.
Desplazan a Liporace
La Cámara en lo Penal Económico apartó al juez Carlos Liporace de la causa en la que investigaba el trafico de drogas a España en un vuelo de la empresa Southern Winds. La decisión la tomó la Sala B de la Cámara en lo Penal Económico con dos votos de sus tres integrantes considerando que el juez incurrió en preguzgamiento durante sus actuaciones. Liporace había sido recusado primero por la fiscal de instrucción, Gabriela Ruiz Morales, y la semana pasada el fiscal de cámara, Ramiro Rodriguez Bosch, coincidió con su colega y solicitó que aparten al juez de la causa. Ahora la causa irá a sorteo para que otro juez se haga cargo de la investigación.
Salió Rímolo
La Sala IV de la Cámara del Crimen resolvió conceder la excarcelación a Giselle Rímolo, quien llevaba un año en prisión. No obstante, habérsele otorgado la libertad, ésta no se hará efectiva hasta que Rímolo obtenga el alta médica de la clínica donde se encuentra internada y previo pago de una caución real de $100.000. Rímolo esta procesada por 70 casos de estafas a pacientes, ejercicio ilegal de la medicina y tráfico de medicamentos peligrosos para la salud agravado por la muerte de una persona que se atendía en su clínica "Sidene". Los delitos que se imputan a la presunta falsa médica tienen una pena de entre 10 y 25 años de reclusión, pero los camaristas María Laura Garrigós de Rébori y Carlos Elbert consideraron que ello no revestía un obstáculo para concederle la excarcelación hasta que se sustancie el juicio oral y público, al destacar –haciendo referencia al fallo “Barbará”- que Rímolo ya gozó de una excarcelación anteriormente “durante todo el tiempo se ha mantenido a derecho” al tiempo que “concurrió al juzgado cada vez que lo ordenó el magistrado, fijó domicilio legal y se presentó en la comisaría inmediatamente que fue librada la orden de detención en su contra”. Además, afirmaron los magistrados que “No ha demostrado por acciones reales que vaya a alejarse del proceso ni a entorpecer la instrucción máxime teniendo en cuenta que la causa está próxima a ser elevada a juicio”. Por su parte, Carlos Elbert explicó que “una medida de coerción de esta naturaleza sólo puede justificarse cuando no existe otro elemento para asegurar que el proceso penal cumpla sus fines”. En disidencia se expresó Carlos González quien destacó que la situación de Rímolo se “agravó” luego de que a principios de marzo último se amplió su procesamiento por hechos nuevos, por lo que no correspondería otorgarle la excarcelación. Así por mayoría se concedió la excarcelación pero dispusieron que cada quince días Rímolo deberá presentarse en el juzgado y le prohibieron en forma absoluta abandonar el país.