En aquel entonces se firmó un contrato de locación por un año y medio con la opción de prorrogarlo por el mismo plazo, posibilidad que fue utilizada, por lo que el 31 de octubre de 1996, representantes de la sociedad accionante se presentaron en la seccional de la Policía para que le fuera devuelto el inmueble ya concluido el contrato.
Al recuperar el local, los dueños del entonces Bar Norte encontraron destrozos múltiples, por lo que citaron a un escribano para que diera fe del estado del inmueble y demandaron al Estado Nacional ante lo que en el fallo los camaristas describieron como “condiciones deplorables” y “pésimo estado de conservación e higiene”.
Los accionantes pidieron 333.719 pesos por las categorías de daño emergente, lucro cesante y gastos, pero en primera instancia, la justicia sólo admitió la mitad de lo pretendido. Tras la apelación, la Cámara integrada por Vocos Conesa y Mariani de Vidal condenó al pago de 250 mil pesos, a los que les sumó una cifra cercana al 50 por ciento en gastos y honorarios.