El gobierno se vio obligado a dejar sin efecto provisoriamente la ayuda económica que había reglamentado para los gastos de representación legal y querellas en el caso Cromagnón. El gobierno suspendió la resolución que reglamentaba un decreto mediante el cual se hacía cargo de los honorarios de los querellantes en la causa judicial, con un monto de hasta $38.000 mensuales. El decreto había sido reglamentado, pero surgieron diferentes posiciones con respecto a cómo otorgar el dinero. Por un lado no hubo posibilidad de acordar si los honorarios iban a pagarse a los cuatro abogados que representan a las víctimas fatales de la tragedia o si también se hacían cargo de las demandas de los sobrevivientes. Tampoco en cómo se iban a distribuir los montos. De ese modo quedó sin efecto la ayuda económica que había dispuesto el gobierno y que no llegaron a cobrar los abogados. Uno de los familiares de las víctimas explicó ayer que el tema «se desbordó, a raíz de que se presentaron alrededor de 4.000 abogados y más de 5.000 causas».
Reunión
El Grupo de Acción Financiera Internacional de Sudamérica (GAFISUD), con la presidencia del Perú, se reúne en el Ministerio de Relaciones Exteriores entre el 19 y el 22 de este mes. El organismo agrupa a todos los países de Sudamérica en la lucha contra el lavado de dinero y contra la financiación del terrorismo e intentará avanzar en el cumplimiento de las recomendaciones que realiza el órgano madre el GAFI. La Argentina se encuentra en etapa de evaluación en el GAFI, y es por ello que su actuación será observada con atención. El grupo de trabajo jurídico, del que participarán representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, discutirá sobre los usos de nuevas técnicas de investigación para este tipo de delitos complejos, que involucran desde la intervención en las comunicaciones por internet hasta el tratamiento de los testigos protegidos. También se analizarán medidas especiales para prevenir actos de terrorismo y para realizar control fronterizo de dinero físico. Surgido como una iniciativa del G-7, que reúne a los países más desarrollados del planeta, el GAFI se ocupa de establecer los estándares legales e institucionales para que todos los países puedan encarar políticas comunes contra este tipo de conductas criminales.
Debate
El 25, 26 y 27 de agosto se realizara en Córdoba el XII Encuentro Nacional y IV Regional sobre independencia judicial. La inauguración estará a cargo de Carmen María Argibay, Mercedes Blanc de Arabel y Alberto Balladini. Los jornadas estarán divididas en paneles. El 25 se disertará sobre “Juez, sociedad y poderes públicos” y “Función del Ministerio Público”, el 26 sobre “Ley y medios de comunicación”, “Función de los cuerpos auxiliares de la Justicia” y “Registro Único de Adoptantes”, mientras que el 27 será el cierre del encuentro que es organizado por la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina.