LA TOGA Y EL GATO. Desde el inicio del sistema que consagró la oralidad en los juicios penales en la Argentina, los jueces le tuvieron ganas. Primero consiguieron el reconocimiento de cargo de jueces de cámara para los titulares de los tercetos de jueces de sentencia. Y ahora van por más. Es un clásico que en la feria se pueda volcar la atención a aquellos temas que en la ajetreada rutina del día a día, no encuentran lugar en la agenda. Al parecer durante el receso invernal se habría vuelto a avivar la llama de un proyecto que durmió durante todos estos años, y que finalmente se consiga el consenso necesario para implementar el uso de togas en los jueces, fiscales y abogados involucrados en los juicios orales. Al parecer hoy en día están un paso más adelante que durante la década del 90, inclusive el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, el camarista Miguel Ángel Caminos, reconoció a los medios ser un “acérrimo defensor” de la propuesta. Por su parte, Luis María Cabral, vicepresidente de la entidad que nuclea a los magistrados, reiteró el mismo entusiasmo que tuvieron los precursores de la idea, pero fue más cauto ya que reconoció que “no hay tradición” en la Argentina, admitiendo así que el uso de la toga podría no ser acogido favorablemente por los “justiciables” o por los colegios que agrupan a los profesionales del Derecho quienes también deberían usarla. Hoy presente sólo como nota de color en la decoración de despachos de jueces o coquetas oficinas abogadiles, a través de las conocidas e infinitas reproducciones de Honoré Daumier en su saga gráfica referida a los hombres de Derecho, a la toga son muchos los que le tienen ganas. Parece que la idea original había surgido en el año 1992 cuando se implementó la oralidad en el sistema penal de la Capital Federal. En aquella oportunidad los integrantes de los TOC 1 y 2 (los jueces Ricardo Giudice Bravo, Luis María Ragucci (h), Martín Vázquez Acuña, Oscar Ocampo, Pablo Loumagne y José Massoni; los fiscales Luis Cevasco y José Luis Mandalunis y los Defensores Oficiales Marta Campanella y Claudio Armando) fijaron posición, muchos de ellos a favor de la toga. Por ese motivo enviaron una nota a la Corte Suprema donde se hacían ver las bondades de la “unificación” del vestuario. Una versión nunca desmentida dice que el proyecto quedó anclado en la vocalía del entonces influyente Carlos Fayt cuyos asesores temían que la ciudadanía “se riera” al ver a los jueces así vestidos. De lo que nadie todavía se animó a hablar es de la tradicional peluca que completa la clásica indumentaria de los flemáticos jueces británicos. No vaya a ser cosa de que Poder Ciudadano diga que es el artilugio de muchos jueces pelados para proveerse de un quincho oficial pago por el Estado. En pleno siglo XXI quizá no tengan más chapa blanca pero sí níveas y albas pelucas.
JUECES Y PARTES. La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires vive por estos días una suerte de disputa por el poder. Parece que los fiscales y jueces se mimetizaron con la interna feroz que divide al partido justicialista en la provincia de Buenos Aires. Acá no existe ninguna “Chiche” ni ninguna “Cristina”, y tampoco tanta exposición mediática, pero sí dos grupos bien definidos: los jueces y fiscales contravencionales, por un lado, y los del fuero contencioso, por otro. ¿Qué se disputan? Muy fácil: una porción de poder en el Consejo de la Magistratura local, un organismo un tanto devaluado por el proceso de juicio político que lleva adelante la Legislatura que, por suerte, está a punto de culminar. Justamente ese proceso ya cobró varias cabezas: hace poco tiempo, el juez Balbín decidió renunciar a su lugar en el Consejo, pese a que no estaba involucrado en ninguna investigación, y dejó prendida la mecha. Sucede que su reemplazante, el juez Treacy renunció a la posibilidad de asumir repartiendo críticas para todos lados. Ante esa situación, los magistrados se encontraron con el “dilema de la sucesión”. Algunos, enrolados en el Colegio de Magistrados local, creen que se debería llamar nuevamente a elecciones y que el reemplazante de Balbín debería ser del mismo fuero, es decir, del contencioso. De hecho, hicieron saber al Consejo su postura por escrito en los últimos días. Uno de los argumentos principales es que el otro fuero, el de faltas, ya está suficientemente representado en el organismo con Carla Cavaliere (jueza de 1ra. Instancia en lo contravencional y de faltas desde 2003) y Germán Carlos Garavano (juez del mismo fuero desde noviembre de 2003). De esta manera, este grupo no encuentra motivos para no elegir al sucesor de Balbín entre los jueces y camaristas del fuero contravencional. El problema en ese caso sería quién tiene el derecho de votar. El otro “bando” plantea otra solución al problema: el reemplazante debería ser el juez del fuero contravencional Ricardo Feliz Baldomar, muy cercano al subsecretario de justicia Javier Fernández Moores. ¿La razón? Es el tercer titular de la lista ganadora en las últimas elecciones, que llevaron a Balbín y a Cavaliere al Consejo. Así están las cosas. Por ahora cada uno tira para su lado por lo que estamos lejos de una solución consensuada. Y la pelota se la dieron al Consejo. En los próximos días se podría empezar a aclarar el panorama, aunque de ambos grupos estiman que se tardará un tiempo hasta llegar a buen puerto.