Se confirman las sospechas: Hay espionaje en el Consejo de la Magistratura

Tal como había adelantado este medio la semana pasada, en la sección IN VOCE, este martes se presentó en el Consejo de la Magistratura de la Nación un informe que comprueba fehacientemente que varios teléfonos de ese organismo y de los propios consejeros estaban pinchados.

Llamativamente, la presentación del ingeniero Claudio Ariel Garbarz ante la Comisión de Administración y Financiera se realizó a puertas cerradas (las reuniones del Consejo, tanto de comisión como los plenarios, son públicas). Ello significa que ni los propios asesores estuvieron presentes. Tampoco hubo gran presencia de parte de los consejeros. No estuvieron, a pesar de la importancia que tenía el tema, los legisladores Marcela Rodríguez, Ricardo Gomez Diez y Miguel Angel Pichetto.

Según pudo confirmar este medio por fuentes del organismo y por algunos de los presentes, el informe que entregó el director del Plan Nacional de Seguridad Teleinformática demuestra que gran parte de los 50 teléfonos “auditados” estaban intervenidos. Entre ellos se encuentra el teléfono que utiliza diariamente el camarista Claudio Kiper en su despacho del octavo piso del edificio ubicado en Lavalle 1220.

Kiper fue el que promovió, de alguna manera, esta investigación al denunciar en el ámbito del Consejo que sus teléfonos estaban siendo intervenidos. Luego, el 6 de septiembre, Garbarz acudió a la Comisión para explicar cómo funcionaba el software “anti-pinchaduras”. Allí aseguró que “en la Argentina hay 48.000 líneas de teléfonos por donde se manda información de voz, mail y datos que están siendo interceptados en forma ilegal”.

En esa ocasión, el Director de la cátedra de Tecnología de Computadoras de la UBA reveló, además, que de las muchas escuchas que lleva a cabo la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) sólo algunas proceden de una orden judicial. Y dijo que existen escuchas ilegales que involucran a integrantes del Poder Judicial de la Nación.

Dos días más tarde, el presidente de la Comisión de Administración, el juez Abel Cornejo, le encargó a la facultad de Ciencias Económicas y al ingeniero Garbarz que efectúen un control sobre los números telefónicos fijos y celulares de los miembros (son 12) de la Comisión de Administración del Consejo, y, en caso de detectar intercepciones ilegales, se efectúen las protecciones correspondientes.

Paralelamente, el 7 de septiembre, Cornejo presentó una denuncia penal ante el Juzgado Federal Nº 11 de Claudio Bonadío y ante la Fiscalía Nº 2, a cargo de Carlos Rívolo. Así se inició la causa Nº 13.444/05.

El miércoles pasado, un día después de la reunión donde Garbarz presentó el informe completo sobre las pinchaduras, el presidente de la Comisión de Administración le hizo llegar al juez Bonadío, en 57 fojas, toda la documentación complementaria de la denuncia inicial.

Según dicho informe, al que tuvo acceso exclusivo este medio, se utilizó para esta investigación “tecnología de seguridad teleinformática activa no cifrante catalogada como Transmisión Security” y un software denominado DBA (Digital Bug Analyzer) integrado por el programa principal DBA.exe y sus archivos insumos DBA.cfg y FOJ.cfg.

El trabajo, realizado los días 13, 20 y 23 de septiembre por alumnos y docentes de la cátedra de Tecnología de Computadoras de la UBA, explica también que el software DBA.exe está certificado por el Departamento de Electrónica de la UTN y que fue convalidado por la Sala II de la Cámara Federal porteña como herramienta tecnológica central del Proyecto Nacional de Seguridad Teleinformática.

Tras comprobarse las sospechas que varios consejeros tenían, la Comisión de Administración seguirá tratando este tema en las próximas reuniones, a la espera que la investigación judicial avance y encuentre, en caso de ser posible, a los responsables de esta maniobra delictiva.



nicolás pizzi / dju