ABAD Y LOS JUECES. El circunspecto y eficiente administrador de ingresos públicos Alberto Abad sin dudas tuvo su acto fallido, digno de las mejores épocas de PNP. El tiempo dirá si fue estudiadamente arrojado a las arenas del circo legislativo o si fue meramente un lapsus. Porque decir que ellos han auspiciado y brindado recursos al recientemente creado fuero penal tributario –tiene menos de tres años de vida- y que ahora sus jóvenes integrantes ingratamente les resuelven en contra, en cualquier otro país con una vida institucional normal y aburrida como la de las democracias más consolidadas, hubiera al menos llamado la atención. Aquí en la Argentina no sólo no le llamó la atención a nadie, sino que muchos ni se dan cuenta de los alcances de esas expresiones. La AFIP no puede ser juez y parte, y los magistrados harían flaco favor si refrendaran con sus fallos todo lo que plantea el recaudador. Sin dudas atrás de esa frase hay algo más que un mensaje. Las condenas con evasores presos siguen sin aparecer y el gobierno los necesita como ejemplo disuasor y moralizador. Pero meter presa a una persona, sobre todo en temas de evasión, no es tarea fácil. Los delitos de evasión, sobre todo los agravados –de más de un millón de pesos- son delitos estudiados por quien los lleva adelante. Hay asesoramiento jurídico y contable que necesita de parte de los acusadores algo más que dejar una denuncia en la mesa de entradas de un juzgado para dejar al descubierto la maniobra. Sólo denunciar y no aportar la prueba que permita al juez realizar una imputación penal sobre el contribuyente, además de ser un acto de incompleta responsabilidad, es tender una trampa sobre el funcionamiento de la Justicia, cuando después no tenga obviamente resultados para mostrar. Ya lo dijo la Cámara en lo Penal Económico que la diferencia de recursos entre la AFIP y un juzgado es abismal, mientras que uno tiene algo más de 5000 agentes, un juzgado penal tributario tiene solamente 7. Hasta la Cámara de Casación dejó en claro en algunas ocasiones que las rimbombantes denuncias de la DGI son en algunos casos tan solo una formulación dogmática (y mediática). Abad sabe que aunque la AFIP gane unos centímetros en los medios cuando denuncia, al final el juego no le conviene a nadie. En vez de buscar las causas del fracaso una presunta falta de reciprocidad del fuero en lo penal tributario para con la AFIP que fomentó su creación con el aporte de recursos, lo que tendría que hacer es ver las verdaderas causas del problema. El inmenso plantel de profesionales que tiene la agencia de recaudación quizás no tenga el mejor nivel de capacitación para llevar adelante el tramo judicial de las causas que maneja. En causas complejas, las denuncias de la AFIP terminan dejando innumerables resquicios legales donde se filtra en abundancia el agua que alimenta los molinos de la defensa. Sería bueno que en vez de enfrentarse en forma estéril se entere de cuáles son las fallas puede llegar a tener la representación de los intereses del Estado frente a esos supuestos evasores. La causa del Village Recoleta, que tuvo presos a los dueños del predio, debió ser archivada por el juez porque la misma fiscalía terminó reconociendo que no había mérito para seguir adelante. Otro tanto pasó con una rimbombante denuncia contra la poderosa YPF. Hasta el fiscal Quantín siendo secretario de justicia puso la cara frente a los medios acompañando mediáticamente los allanamientos. La presunta evasión con denuncias sobre maniobras en el manejo de combustible impositivamente desgravado por fuera de la línea del paralelo 42º fogoneada por la Prefectura Naval, resultó un verdadero chasco para el tribunal que lleva adelante la causa, ya que al poco tiempo de producir las primeras medidas de instrucción se recibían reiteradamente tanto de la Prefectura como de las respectivas regionales de la DGI informes contundentes que acreditaban la inexistencia de la maniobra. No sólo Quantín tiempo después le expresó al juez que se estaba al borde del papelón –nada pudo hacer el ahora nuevamente fiscal para evitarlo porque ya no estaba en el cargo-, sino que en la propia sede de la AFIP en una multitudinaria reunión, la misma gente de la Prefectura extrañamente mostraba su preocupación de porqué el juez no dictaba todavía el sobreseimiento. La lucha contra la evasión en el campo de las decisiones judiciales, así como en otros campos de la administración pública, siempre cae en las redes de una maraña de normas que nadie se ha preocupado ni ocupado en tratar de disipar. La DGI formula la determinación de oficio sobre una deuda de un contribuyente. Éste la apela ante el Tribunal Fiscal de la Nación y posteriormente la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal se pronuncia en grado de apelación, pudiendo llegar a la Corte por ser materia federal. Pero otro sector de la DGI, que también tiene el testimonio de esa deuda, opina que hay maniobra de evasión y hace su denuncia ante el fuero Penal Tributario, cuyas resoluciones después de tramitar ante el juzgado, pueden pasar por la Cámara en lo Penal Económico, luego ser revisadas en Casación y por ser materia federal también pueden llegar a la Corte. Ni qué decir si la empresa está en concurso preventivo y otro sector de la DGI tiene que verificar el crédito en sede comercial. Pues bien, nadie le quiere poner el cascabel al gato, y así en un montón de causas hay resoluciones judiciales que se chocan sobre la misma deuda del mismo contribuyente. Para ese ciudadano o esa empresa que paga impuestos bien o mal liquidados, la ventanilla de la DGI y la cara (gruñona) del Estado debería ser una sola. Incluso para la misma administración pública es un desafío riesgoso, que muchas veces la pone en la vereda de la contradicción cuando defiende sus propios intereses. Para el honesto es muy difícil defenderse, y para el evasor es muy fácil escaparse. Dos cosas son seguras en la vida: morirse y pagar impuestos. Mientras tanto la AFIP se entretiene en pelearse con la Justicia y no mete manos a la obra donde tiene que arreglar las cosas. Con 10.000 millones de recaudación Abad tiene con qué.
LOS JUECES Y ABAD. En el mismo escenario en donde Abad desgranaba su reclamo contra los jueces, el Congreso de la Nación, hace no mucho tiempo, sancionaba en un perdido artículo 73 de una Ley de Presupuesto (la 25.401) una norma que en los hechos consagró una amnistía tributaria que permitió a muchos evasores lavar sus culpas y archivar numerosas causas penales sin distinguir su grado de avance y entre las que casualmente sí había muchos procesados y que la actual Corte avaló a través del fallo Bakchellian Lo más curioso de todo es que muchos legisladores ni siquiera supieron qué es lo que estaban votando o dejando que los otros voten sin siquiera patalear. Y no estamos hablando de ignotos representantes descolgados de generosas listas sábana, sino de ilustrados dirigentes que incluso se someten a la ponderación pública como candidatos a presidente. Tal es el caso de Lilita Carrió quien en una franca y sincera charla con un juez de la materia, a cuyo juzgado debió asistir para dar testimonio en una controvertida y mediática causa, le confesó que no sabía de la existencia de esa norma argumentando que tenía por costumbre no asistir a las sesiones donde se votaba el Presupuesto de la Nación. Ella justifica esos faltazos por estar convencida de que todos los gobiernos aprovechan esa ley ómnibus para arreglar sus desaguisados presupuestarios y blanquearlos con una pátina de legalidad. También ese mismo Congreso es el que votó la amnistía para las productoras de televisión que con el número 25.792 benefició a los poderosos operadores mediáticos, entre los que se encuentran los carismáticos Pergolini, Suar y Tinelli. Así, todo reclamo que formule la AFIP por evasión, elusión u otras desprolijidades impositivas de ejercicios anteriores al 1º de enero de 1999, quedará en el olvido siempre y cuando las actividades en la mira sean aquellas cuyo objeto fuera la obtención como producto final una película, programa o grabación. Como se ve el poder político todavía no ha unificado los dichos con los hechos, entre los que sigue habiendo largo trecho. Como en la vieja historia de Penélope, lo que Abad teje, parece que el Congreso lo desteje (y lo peor es que sin que se dé cuenta). Siguiendo las analogías con la Odisea, el mandamás de la AFIP parece Polifemo, aquel cíclope de un solo ojo, que cegado por Ulises, manotea a troche y moche, sin poder distinguir a quien deja escapar. Y aunque las expectativas de moratorias o blanqueos están bastante desinfladas porque el Estado tiene superavit fiscal, no faltará oportunidad para empezar a escuchar los insistentes cantos de sirenas de algunos empresarios pedigüeños, que los pretenden como condición para retornar con sus dinerillos al país. Los gurús aconsejan urgentes inversiones para contener la inflación, así que las necesidades no están tan lejanas. Tras la crisis, los grandes medios nacionales están en rojo casi unánime con la AFIP, al mismo tiempo que rebosan de publicidad oficial (un 25 % de la torta publicitaria sale de las arcas del Estado). Así no les cuesta ningún esfuerzo trasladar la palabra de los recaudadores a los oídos de la permeable Doña Rosa, sin corregir el sentido ni el rumbo de las palabras. Los jueces, mientras tanto, son los blancos de casi todos los dardos, como no pueden salir a debatir mediáticamente porque está mal visto y sólo pueden “hablar por sus fallos”, son la presa más fácil. En la Argentina la discusión sobre la cuestión tributaria, como dice Vinicius, não tem fin.