Un sector de los jueces bonaerenses, quienes deberán actuar en aquellas causas que se inicien por infracciones a la ley de estupefacientes, luego de que la legislatura provincial ratificara la ley de desfederalización de las drogas (26.052) sancionada recientemente por el Congreso nacional, se pronunciaron en contra de esas intervenciones porque consideraron que "la Justicia bonaerense no está preparada para investigar esos ilícitos".
"Si se persigue mayor eficacia en el combate de la droga, pretender hacerlo con un sistema judicial sobrecargado con la competencia ordinaria exige, a lo menos, asegurar que se podrán afrontar las necesidades derivadas de la ampliación de la misma en esa magnitud", sostuvieron en un documento los jueces y fiscales que integran el Foro de Justicia Democrática (Fojude).
El Fojude consideró que "si de todas maneras se decidiera avanzar en la implementación de la ley, debería dotarse previamente a la Justicia de todos los recursos humanos y materiales que reclama elementalmente semejante empresa". De lo contrario –dijeron- se consolidaría el actual estado del sistema penal, con un nuevo y estrepitoso fracaso conceptual y práctico, con los inconmensurables daños que ello implique.
Los magistrados advirtieron que la persecución del narcotráfico en la Argentina "se lleva a cabo de una manera desarticulada, porque no existe una coordinación adecuada entre las distintas fuerzas de seguridad, así como entre éstas y el Poder Judicial Federal y los de las distintas provincias; y selectiva, por cuanto en esa clase de investigaciones sólo excepcionalmente son detectadas organizaciones dedicadas al narcotráfico o a la venta de estupefacientes en escala considerable".
La entidad que preside la juez Silvia González, destacó que "cuando los que trafican en mayor escala y aún los proveedores intermedios de los vendedores de "la esquina" o "el kiosco" no aparecen, lo que falla no es sólo la policía provincial que investiga o el juez federal a quien reportan, sino que falla el sistema".
Por último, los jueces y funcionarios afirmaron que la ley de desfederalización "aumentará la desarticulación existente ni bien comiencen las largas contiendas por la competencia, lo que inexorablemente sucederá, agravado por el considerable aumento de las causas que ingresen a la ya congestionada Justicia de la provincia de Buenos Aires".
Este pronunciamiento se suma al que hicieran en su momento el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales, que tiene representantes en varias provincias, y a las acordadas firmadas por los miembros de los Tribunales Superiores de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Mientras tanto, la Procuración bonaerense continúa con las jornadas de capacitación sobre este tema en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires.
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