En la causa, los apoderados legales de la FEB, que nuclea a más de cincuenta mil maestros de toda la provincia de Buenos Aires, señalan que la cartera educativa “a pesar de haber realizado las retenciones a los afiliados durante los meses de julio y agosto del corriente, no abonó los mismos” a esa entidad gremial.
“Estamos ante un delito penal que lesiona los intereses de la Federación en el entendimiento de haber sido desapoderada ilegítimamente de sus bienes, causando graves perjuicios a su funcionamiento” se advierte en el escrito al que tuvo acceso Diariojudicial.com. Asimismo se solicitó que “se determinen las autoridades y/ o agentes de la Dirección General de Cultura y Educación que eventualmente resultaren involucrados en los hechos y omisiones indicadas”.
La FEB denunció que “la no remisión de aportes a los afiliados implica una práctica desleal tipificada por la ley 23.551 que detalla que esa conducta, en este caso del gobierno bonaerense, interfiere en el funcionamiento de la asociación gremial y atenta contra la libertad sindical”.
Voceros del gremio señalaron que “antes de llevar el caso a la justicia, la FEB había realizado intensas gestiones ante las autoridades educativas provinciales para obtener la devolución del dinero adeudado, incluso, los dirigentes enviaron cartas documento y asistieron a la sede gubernamental con un escribano para acreditar el reclamo”.