Recibimos la quinta edición de la Ley Penal Tributaria Comentada de Jorge Enrique Haddad, publicada por la editorial Lexis Nexis. La obra realiza un análisis profundo de la norma legislativa, mediante la interpretación de cada una de sus artículos, y con la inclusión de precedentes jurisprudenciales. Esta edición incluye un prólogo de Guillermo Tragant miembro de la Cámara Nacional de Casación Penal. La obra resulta de interés por el trabajo de ordenamiento de la maraña legal que implica la compleja materia impositiva en la Argentina. El autor mantiene abierto el debate que necesariamente debe darse para que se alcance una adecuada y realista normativa tributaria que contemple en forma equilibrada los intereses de los protagonistas alcanzados por la ley.
Al banquillo
La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura aprobó este martes, en una votación ajustada, el juicio político del juez federal de Zapala, Neuquén, Rubén Caro por su mal desempeño en la investigación de la muerte del soldado Omar Carrasco. Ahora la decisión de la Comisión deberá de ser ratificada o rectificada por el plenario del Consejo. El dictamen acusatorio fue presentado hace dos semanas por el consejero Juan Minguez, instructor de la denuncia, quien le explicó a DiarioJudicial.com que pidió el juicio político contra Caro por haber “cedido la competencia en la jurisdicción toda vez que se siguió una investigación paralela del Ejercito, por la pérdida de pruebas por incompetencia y por gravísimas dilaciones en la toma de las testimoniales de dos testigos”. Al juicio político se llegó por el voto doble de la presidente de la Comisión, Marcela Rodríguez, que en caso de empate, como ocurrió, cuenta por dos. A favor votaron los consejeros Rodríguez, Juan Minguez y Beinusz Szmukler y en contra María Lelia Chaya, Luis Pereira Duarte y Jorge Casanovas. Omar Carrasco ingresó en marzo de 1994 al cuartel de Zapala para cumplir con el servicio militar. El 6 de abril del mismo año fue encontrado muerto en el regimiento. Por este hecho el servicio militar dejó de ser obligatorio.
Plazo razonable
La procuradora general bonaerense, María del Carmen Falbo, reclamará a la Suprema Corte de Justicia bonaerense que disponga la agilización de los procesos judiciales en todos los tribunales de la provincia de Buenos Aires. Durante una jornada de Justicia y Protagonismo Juvenil que se realizó en La Plata, Falbo anunció que elevará un informe en el que, si bien reconocerá que el Poder Judicial provincial padece de falta de recursos humanos y materiales para un mejor funcionamiento, reclamará a la Corte que "ajuste cuestiones con los jueces" e intime a la agilización de los procesos judiciales. Según la funcionaria, es necesario "ajustar los sistemas procesales, adaptar las normas a la realidad de la gente y activar un poco más a la Justicia, porque, de lo contrario, los procesos son muy lentos y no dan satisfacción" a los ciudadanos.
Beneficio
Por medio del Decreto 1450/2005 se estableció que tendrán derecho a una pensión no contributiva a la vejez, en los términos del artículo 9º de la Ley Nº 13.478 y modificatorias, el cónyuge supérstite — no divorciado ni separado legalmente o de hecho — o concubino/a — con una convivencia pública y continua durante por lo menos cinco años inmediatamente anteriores al fallecimiento, de setenta años de edad o que estuviese incapacitado/a para el trabajo y a cargo del causante a la fecha de su deceso. Las solicitudes para obtener este beneficio deberán tramitarse ante la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales del Ministerio de Desarrollo Social directamente, o por intermedio de reparticiones oficiales autorizadas por ésta en el interior del país. Asimismo, la norma establece las formas para acreditar el vínculo con el causante. Además, fija la forma en la que se abonará la pensión, estableciendo que desde el día siguiente al de la muerte del causante o al del día presuntivo de su fallecimiento, fijado judicialmente, siempre que la solicitud se formule dentro de los 3 meses contados desde el deceso o de la sentencia que declare el fallecimiento presunto o de subsanada la falta de representación, tratándose de incapaces que carezcan de ella; y desde el primer día del mes siguiente al de la solicitud, si fuera realizada con posterioridad al plazo indicado. Sin embargo, el derecho de pensión se extinguirá si el cónyuge supérstite o concubino/a incapacitado para el trabajo, cuando la incapacidad desaparezca definitivamente, salvo que a esa fecha tuviera 70 o más años de edad. (texto completo)
Peligro
La Asociación de Familiares y Víctimas del Tránsito (FAVAT) denunció este martes, ante el juez federal Jorge Urso, al Secretario de Transporte de la Nación, Raúl Jaime, por dictar resoluciones que autorizan a circular a micros de transporte público de pasajeros con más de 10 años de antigüedad cuando están prohibidos por ley. La presentación fue hecha por el titular de FAVAT, Gregorio Jorge Dalbón, quien denunció a Jaime por firmar las resoluciones 867/2004 y 26/2005 que permiten la afectación al servicio público de pasajeros de vehículos modelos 1992, 1993 y 1994 cuando el artículo 53 inciso B de la Ley 24.449 de tránsito lo prohíbe. Según la denuncia, Jaime “permite que a la fecha, las unidades de hasta trece años de antigüedad circulen por la vía pública prestando ese servicio, con la sola condición de poseer, al día, el certificado de Revisión Técnica Obligatoria(.....) un certificado emitido por la propia autoridad administrativa que si bien da fe de las condiciones técnicas del vehículo, no alcanza a revertir el dato incontrastable de la antigüedad del modelo”. FAVAT informó que hará una marcha este miércoles a las 12 horas al Palacio de Tribunales para exigir que se cumpla con la Ley de Tránsito.