El presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), José Hercman, admitió en diálogo con Diariojudicial.com que la noticia es desde hace tiempo "motivo de preocupación" y que para instalar dicha zona "hay que tener bien en cuenta las cuestiones de seguridad".
Lombardi pretende a través de la iniciativa atraer una mayor cantidad de turismo en la zona, donde la principal atracción son las cataratas del Iguazú. La cantidad de personas que visitan la zona ha mermado considerablemente, y sobre todo desde los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos.
El secretario de Turismo anunció oficialmente la medida desde la ciudad misionera en vistas a no perder los turistas que podrían visitar la zona durante las vacaciones estivales. La iniciativa gubernamental prevé que quien haya pasado por lo menos dos noches en Puerto Iguazú adquiera el derecho a pasar bienes por la frontera con Brasil y Paraguay.
Desde la cartera de Justicia, el organismo estatal que acompaña las investigaciones por los atentados a la embajada de Israel y la AMIA admitieron a este medio con firmeza pero con absoluta reserva que "si se trata de una elección entre turismo y seguridad, hoy no hay otra alternativa que privilegiar la seguridad".
El alto funcionario consultado aseveró que "si hubiera seguridad, entonces se podría decir adelante con la cuestión", aunque señaló que por estos días "parece un contrasentido, porque no están dadas las condiciones". Por otro lado, la fuente sostuvo que "es muy poco oportuno tomar una medida que incrementará las posibilidades de actividades ilegales", y contempló no sólo al terrorismo, sino también al contrabando y al narcotráfico.
Según Hercman, "abrir la zona franca no es aliviar el problema de seguridad a lo que se comprometió el Gobierno, sino que eventualmente podría llegar a incrementarlos".
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