Mediante la Acordada N° 43/95 la Corte había aprobado la misión y funciones del administrador general del alto tribunal, asignando al mismo las competencias necesarias para cumplir con el proceso administrativo del área bajo su coordinación. En el marco de aquéllas acciones de reordenamiento administrativo y en ejercicio de sus facultades de superintendencia, la Corte dictó las acordadas 50/96 y 62/96, a través de las cuales aprobó la asignación de la totalidad de las funciones de superintendencia de la jurisdicción a la Administración General y determinó asimismo, la nómina de organismos que la integrarían y su respectivo organigrama. Luego, de acuerdo a lo establecido por el artículo 32 de la Ley 24.937 y su modificatoria la Ley 24.939, el tribunal transfirió una serie de organismos al Consejo de la Magistratura, preservando para su propia organización administrativa, funcionarios y empleados que prestaban servicios en aquellas áreas transferidas. Por ese motivo, es que ahora hicieron una nueva Acordada, la número 31/2005, por la cual adecuaron la misión y funciones concernientes a la Administración General de la Corte y determinaron, paralelamente, su estructura y los organismos que en orden al servicio de apoyo a la función jurisdiccional, están bajo su dependencia directa. Ahora el administrador general tiene a su cargo lo relativo a la programación, ejecución, coordinación y control de la Administración General de la Corte y el cumplimiento de las funciones de superintendencia que le sean delegadas por el tribunal, tales como proponer políticas y estrategias para la más racional y económica distribución y utilización de los bienes y recursos; organizar la administración financiera, contable, presupuestaria y patrimonial del tribunal y sus órganos de directa dependencia; recopilar, compilar y elevar a consideración del tribunal los requerimientos de recursos humanos, bienes y servicios que le requieran las distintas dependencias y vocalías, generando –junto a las necesidades expuestas por el Consejo de la Magistratura- el anteproyecto de presupuesto anual para la jurisdicción; entre otras cosas que se determinan en los dos anexos que posee la Acordada 31/05.
Repudio
El Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires le solicitó al gobernador Felipe Solá que vete las leyes "antievasión" que otorgan a la Dirección de Rentas la facultad de embargar bienes de morosos sin autorización judicial. Los letrados dieron a conocer su pedido a través de una solicitada publicada en varios matutinos platenses, donde remarcan que "la necesidad de recaudación fiscal no puede estar por encima del Estado de Derecho y afectar garantías de la población" y agregan que por ello "le reclamamos al gobernador el veto de aquellas leyes". Según la ley sancionada ayer por la Legislatura provincial, el fisco bonaerense podrá embargar bienes de contribuyentes morosos sin orden judicial. Otra de las polémicas atribuciones autorizada por la flamante ley es que se podrá detener y secuestrar vehículos de alto valor -más de $35.000- cuando registren deudas mayores al 10% de su valuación fiscal, sin intervención judicial. "Al establecer un fuero especial y/u otorgar excesivas facultades a funcionarios del Poder Ejecutivo, atentan contra los derechos y garantías de los contribuyentes al atribuirle funciones y poderes propios del Poder Judicial", advirtió el Colegio de Abogados bonaerense.
Debate
Un fiscal platense pidió que Alberto Sobrado sea sometido a juicio oral por presunto enriquecimiento ilícito, ya que luego de una prolongada investigación se detectaron varias cuentas bancarias en el exterior. El pedido fue realizado por el fiscal Marcelo Martini ante el juez de garantías platense Néstor de Aspro, ya que considera que existen las pruebas necesarias para afirmar que Sobrado se enriqueció indebidamente, al no poder acreditar la procedencia de entre U$S 530.000 y U$S 970.000 en bancos de las Bahamas y las Islas Caimán. En el dictamen fiscal se remarca que el ex jefe policial "no logró justificar la procedencia" del incremento de su patrimonio, cuando fue funcionario policial y que ocultó su condición de alto jefe de la fuerza de seguridad "denunciando ser empresario y rentista". Para la fiscalía, Sobrado "omitió maliciosamente" efectuar las declaraciones juradas durante 1998, 1999, 2001, 2002 y 2003, según el fiscal, en el año 2000, en una declaración pasada ante el escribano general de Gobierno, habría "omitido también de manera maliciosa consignar las cuentas con depósitos en el exterior del país, por un monto que sería de U$S532.000". Martini consideró, que Sobrado incurrió en los delitos de "enriquecimiento ilícito, omisión maliciosa de datos en la presentación de declaraciones de bienes y en la declaración jurada de bienes, y falsificación ideológica de instrumento público".
Conflicto
Los empleados judiciales mendocinos culminaron el martes una protesta en reclamo de mejoras salariales con la instalación de una carpa frente al edificio de Tribunales. Los trabajadores judiciales mendocinos, nucleados en el Sindicato de Trabajadores Judiciales, volvieron a manifestarse por la restitución progresiva del sistema de porcentualidad salarial, la mejora de las condiciones de trabajo, la incorporación de todas las bonificaciones salariales no remunerativas y la ampliación del presupuesto destinado al Poder Judicial. Según informaron en un comunicado, la medida contó con la adhesión del Colegio de Abogados, magistrados, delegaciones de judiciales del interior de la provincia y de autoridades judiciales.