El gobierno Nacional le aceptó la renuncia a tres jueces y una defensora oficial. Se trata de Santiago Harte, juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Rosario, Jorge Finizzola, titular del Juzgado Nº 24 del Trabajo de la Capital Federal, Silvio Pestalardo, titular del Juzgado Nº 4 en lo Civil de la Capital Federal, y Silvina Manes defensora pública oficial ante los juzgados nacionales en lo Correccional y ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal y supletoriamente ante la Cámara Nacional de Casación Penal. Harte había presentado su renuncia a partir del 1 de marzo de 2006, Finizzola desde el 1 de febrero de este año y Manes y Pestalardo a partir del 1 y 31 de diciembre del 2005 respectivamente. Todas las renuncias fueron aceptadas por decretos firmados por el presidente Néstor Kirchner y el ministro de Justicia Alberto Iribarne.
Conflicto
La juez de instrucción Alicia Iermini, dictó la falta de mérito para cuatro dirigentes sindicales del Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan en el marco de una causa por presunta coacción que se inició durante el paro que encabezaron en el año 2004. De todos modos, Gustavo Lerer, Adriana Agüero, Marcelo Mansilla y Eduardo García permanecen vinculados al sumario, luego de haber sido indagados por supuestas presiones que habrían pretendido ejercer sobre un inspector del Ministerio de Trabajo, quien debía constatar la forma en la que eran prestados los servicios mínimos durante uno de los paros de actividades realizados en el hospital.
Debate
Los ex policías acusados por el crimen de los piqueteros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán pronunciarán las últimas palabras el miércoles próximo, tras lo cual la Justicia determinará la fecha de la sentencia que podría condenar al ex comisario Alfredo Fanchiotti y a su entonces chofer, Alejandro Acosta. El Tribunal Oral 7 de Lomas de Zamora daría a conocer el lunes 9 de enero, a más tardar, el veredicto contra los ocho ex agentes de la Bonaerense juzgados por presunto homicidio y encubrimiento en torno a la represión del 26 de junio de 2002 en inmediaciones del Puente Pueyrredón. Para el día de la sentencia, distintas agrupaciones piqueteras organizaban movilizaciones y una vigilia frente al edificio judicial de Larroque y Camino Negro en apoyo a los familiares de las víctimas y en demanda de castigo a los responsables políticos y materiales del operativo policial que dejó un saldo de dos muertos y 33 heridos con balas de plomo.