El Tribunal Superior de Justicia de Neuquén dio por inaugurado un nuevo programa para detectar si los magistrados tienen adicciones que interfieran en su trabajo. Los jueces deberán responder una serie de preguntas con carácter de declaración jurada, sobre "sus hábitos de comportamiento". El cuestionario desembocará en un informe confidencial y en caso de detectarse alguna adicción al funcionario en cuestión se le dará apoyo para superar el problema.
El polémico programa fue anunciado el lunes por el flamante presidente del TSJ, Eduardo Cía, en su primera declaración pública desde que asumió el cargo el viernes pasado. En la provincia estiman que el programa parece una consecuencia directa de la detención en Buenos Aires del fiscal de Gestión Rápida Facundo Trova, con 20 gramos de marihuana en el bolsillo cuando venía en un vuelo desde Brasil.
La puesta en marcha del programa todavía no estaba demasiado clara. Magistrados y funcionarios explicaron al diario regional Río Negro on Line que "desconocían el nuevo programa ya que no se comunicó internamente la disposición a pesar de que fue decidida en un acuerdo del TSJ. Por eso prefirieron no emitir una opinión antes de conocer los detalles del programa y hasta dónde avanza sobre la privacidad de las personas". Hasta ahora una parte del examen preocupacional que deben realizarse los jueces y funcionarios judiciales incluye un examen de sangre y orina que busca, entre otras cosas, si hay consumo de estupefacientes. El nuevo programa además de las drogas ilegales abarca otras adicciones.
En declaraciones formuladas en Cutral Co al poner en funciones a la Cámara de Todos los Fueros de esa ciudad, Cía explicó que el programa apunta a detectar adicciones a estupefacientes, alcohol, medicamentos legales e ilegales, juego y tabaco y que "estará dispuesto para todos los integrantes del Poder Judicial que requieran una apoyatura en ese aspecto". Admitió sin embargo que todavía no se establecieron los mecanismos concretos del programa, lo que está es la decsión política de ponerlo en marcha y ahora le toca a la Secretaría de Gestión y Recursos Humanos establecer qué tipo de programa será y cómo se desarrollará.
Desde la oficina de prensa del STJ se puso énfasis en que el programa tiene como objetivos principales "evitar derivaciones tales como la disminución de la capacidad de atención, reacción y concentración, agitación físico y mental, disminución de la lucidez, afectación del rendimiento laboral y situaciones de conflictividad". Al cuestionario con carácter de declaración jurada del que se conocerán los hábitos de comportamiento, se le sumará un exámen psicofísico. Ante el resultado -estrictamente confidencial- se pondrán en marcha medidas correctivas que ayuden al funcionario en cuestión a superar su adicción.
Adelantándose a las críticas se explicó que el programa en principio estará destinado a los magistrados, integrantes de los ministerios públicos y demás funcionarios del Poder Judicial -los empleados judiciales no están contemplados en esta primer etapa-, y que será utilizado para ayudar a superar la problemática de las adicciones y no para buscar causales de remoción. Sin embargo y a pesar de que en principio no los afectaría directamente, el gremio de los judiciales advirtió de la peligrosidad del mecanismo que podría transformarse en "una herramienta más en manos de quienes tienen antecedentes de persecución de funcionarios independientes". Por su parte y hasta tanto haya más precisiones la Asociación de Magistrados no quiso hacer declaraciones al respecto.
Rafael Rubio secretario gremial de SEJUN alertó que este programa "podría colisionar con derechos constitucionales" relativos a la intimidad de las personas. Y además anticipó que el gremio pedirá por escrito todos los detalles del programa para saber si incluye al personal.
Rubio acusó al tribunal de querer dar un golpe de efecto con este nuevo plan y afirmó que los requisitos que deben cumplir los empleados son mucho más exigentes que los que deben cumplir los magistrados y funcionarios.
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