En el marco del Juicio por la Verdad, el Secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Edgardo Binstock, entregó a la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata documentación de 226 legajos de presos políticos que pasaron por la Unidad 9 de esa ciudad entre 1973 y 1980. El funcionario, familiar de detenidos – desaparecidos, también presentó un trabajo de investigación elaborado por la Secretaría que conduce, en el que se documenta la participación del Servicio Penitenciario provincial en la represión ilegal durante la última dictadura militar.
Ampliación de planteles
La Procuración General de la Nación se encuentra analizando la posibilidad de incorporar nuevos cargos de prosecretario administrativo en el fuero criminal de instrucción de la Capital Federal. Según se pudo saber, esta nueva iniciativa que impulsa la gestión de Esteban Righi es adoptada en el marco de un programa de refuerzo de planteles de las distintas dependencias que integran la Procuración. Estas nuevas designaciones se verían impulsadas por el importante volumen de expedientes, de acuerdo con las estadísticas, que deben afrontar los funcionarios del Ministerio Publico en ese fuero, con los recursos existentes en la actualidad.
Conflicto
La Unión de Empleados de la Justicia nacional se declaró este jueves en estado de alerta y movilización en todo el país por la supuesta intención del presidente de la Corte Suprema, Enrique Petracchi, de impulsar un aumento de la bonificación por antigüedad para las magistrados, “postergando a la mayoría de los judiciales”. “Es a la vez una nueva maniobra para abortar el diálogo democrático que se está produciendo en las paritarias y con casi seguridad inconsultamente con el resto de los miembros de la Corte, comprometidos con una nueva realidad en la Justicia”, dice un comunicado de la entidad que encabeza Julio Piumato. El aumento significaría, en el caso de Petracchi, unos $ 6.000. La UEJN solicitó, además, una audiencia con todos los integrantes de la Corte Suprema para saber si acompañan la iniciativa.
Sin impunidad
A raíz de la orden de detención librada por el Juez Federal Daniel Rafecas, ex jefes militares y oficiales del servicio penitenciario fueron detenidos tras un operativo mediante allanamientos practicados durante la madrugada en domicilios de la Capital Federal, y las provincias de Buenos Aires y el Chaco. Héctor Gamen, Hugo Pascarelli y Pedro Durán Saenz –ex militares relacionados con el centro clandestino de detención “El Vesubio”-, y Héctor Maidana, Diego Chemes, Alberto Neuendorff, Ramón Erlán y Roberto Zeolitti –ex agentes penitenciarios-, fueron los ocho detenidos en los operativos. La justicia todavía busca a Néstor Cedón y Ricardo Martínez quienes están prófugos. En las próximas horas acudirán los detenidos a los tribunales de Comodoro Py para ser indagados por el juez de la causa, Daniel Rafecas, y acusados de casi ciento cincuenta desapariciones entre los años 1976 y 1978.
Repercusiones
El subsecretario de Turismo de Corrientes y padre de uno de los siete jóvenes sospechados de haber participado en el crimen de Ariel Malvino, Horacio Pozo, renunció ayer a su cargo de manera indeclinable a raíz de la situación que atraviesa su hijo. El funcionario renunciante le entregó personalmente la dimisión al ministro de la Producción, Alfredo Aún, quien a su vez, se la elevó al gobernador Arturo Colombi, que deberá nombrar al reemplazante. Horacio Pozo (hijo) es uno de los jóvenes más comprometidos en la investigación por el crimen de Malvino, que ocurrió en la localidad brasileña de Ferrugem, ya que las pesquisas lo ubicaron en el lugar en el que Malvino fue golpeado y asesinado. El joven será interrogado por la conjueza María Esther Campaner, que fue nominada luego de que cuatro magistrados rechazaran el nombramiento.
Homenaje
En presencia de familiares, colegas Defensores Oficiales, Fiscales, Ministros de la Corte Suprema, Jueces, funcionarios del Poder Judicial, dirigentes de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional, Abuelas de Plaza de Mayo y entidades de derechos humanos, se recordó Guillermo Díaz Lestrem, detenido y puesto a disposición del Poder Ejecutivo, 6 días después del 24 de marzo de 1976 y luego cesado en sus funciones sin fundamentos. Al recuperar su libertad a mediados del año siguiente, actuó como abogado ante el foro de Capital Federal, hasta que fue detenido y desaparecido el 20 de octubre de 1978. En su mensaje, Stella Maris Martínez explicó porque había decidido bautizar con el nombre del desaparecido defensor oficial el auditorio, recordando la actividad de Díaz Lestrem en su habitual tarea tribunalicia en los años 70, resultando tiempo después "el único Defensor Oficial que sufrió esa suerte; pero en él mi homenaje también a todos los abogados que siguieron creyendo en la justicia y que dieron su vida por reclamar justicia, por reclamar derechos gremiales y por defender a presos políticos y gremiales", evocando a muchos abogados.