La Comisión de Acuerdos del Senado llevó a cabo este miércoles las audiencias públicas correspondientes a
ocho candidatos a ocupar cargos en el Poder Judicial y en el Ministerio Público de la Nación. La ronda de entrevistas estuvo presidida por el senador Marcelo Guinle, quien reemplazó este año a Jorge Yoma (actual embajador en México) en la presidencia de la Comisión.
La jornada, que tuvo lugar en el Salón Eva Perón del Senado, comenzó alrededor de las 10 de la mañana. Los senadores escucharon las opiniones de cuatro candidatos a jueces y cuatro aspirantes a fiscales.
La ronda de preguntas comenzó con Martina Isabel Forns, postulante al cargo de juez del Juzgado Federal de primera instancia, Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín (provincia de Buenos Aires), y María Gabriela Fernández Zurita, quien aspira a ocupar el cargo de juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 65 de la Capita Federal.
Luego le llegó el turno a los dos candidatos a integrar la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil: Marcela Perez Pardo, para la Sala L, y Mabel Alicia de los Santos, para la Sala M del tribunal.
Más tarde, respondieron preguntas los cinco candidatos a integrar el Ministerio Público: Silvia Ruth Caballo, para fiscal ante el Juzgado Federal de 1ª Instancia de Quilmes; Enrique José Senestrari, para fiscal ante los Juzgados Federales de 1ª Instancia de Córdoba; Fernando Ignacio Fiszer, para la Fiscalía N° 10 ante los Juzgados Nacionales de 1ª Instancia en lo Correccional; Jorge Héctor Emilio Fernández, para la Fiscalía Nº 9 del mismo fuero; y Claudia Ruth Katok, para la fiscalía del distrito de La Boca.
Con estos nueve candidatos “no quedan pliegos pendientes en la Comisión de Acuerdos”, confirmaron fuentes legislativas. Sin embargo, hay tres casos “históricos” sin resolución a la vista. Son el del santacruceño Ricardo Camutti, a quien el Gobierno postuló en abril de 2004 para ocupar un lugar en el Tribunal Oral Nº 24, otro de Domingo Montanaro, y uno en que participó el actual Procurador del Tesoro, Horacio Guglielmino.
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