A fines de abril la Cámara de Diputados y Senadores de México convirtió en ley un proyecto que fija las cantidades de cada droga que se consideran para consumo personal y al mismo tiempo impuso penas para quienes superen esos parámetros.
La nueva norma, que requirió la reforma de la Ley General de Salud, el Código Penal Federal y el Código Penal de Procedimientos Penales, permite la tenencia de 25 miligramos de heroína, 500 miligramos de cocaína, 5 gramos de marihuana, 5 gramos de opio, 100 miligramos de anfetaina y 200 de metanfetaminas y 250 gramos de hongos alucinantes para consumo personal. Además establece penas de cuatro a ocho años de prisión para quienes lleven más de las cantidades permitidas y del doble para cuando los que cometen el ilícito sean funcionarios públicos encargados de investigar la venta de drogas o cuando se comercialice en centros de educación, asistenciales o de reclusión.
Al igual que en el sistema constitucional argentino, la ley requería la promulgación por parte del presidente Fox. Desde el Poder Ejecutivo se anunció el martes que Fox firmaría la norma. Pero este miércoles modificó su decisión.
"Sin dejar de valorar los avances alcanzados en la materia y siendo sensible a las expresiones de diversos sectores de la sociedad, el Gobierno de la República ha decidido hacer observaciones al contenido de los mencionados instrumentos legales", señala un comunicado del gobierno, reproducido por elnuevoherald.com, que devolvió la ley al Congreso para que se le realicen modificaciones.
La retractación de Fox está en sintonía con el pedido del gobierno de los Estados Unidos para que se modifique la ley ante el temor de que se produzca un turismo de la droga hacia México donde, según datos de la Procuraduría General de la República, se distribuyen 78 toneladas de estupefacientes en formal anual en más de 30.000 puntos del país que sirven como puntos de ventas.
Fox hizo uso de sus facultades presidenciales para promulgar o vetar una ley, pero al mismo tiempo decidió sobre una legislación aprobada por otro poder del Estado, en este caso el legislativo, que ahora deberá volver a analizar la ley y tendrá dos caminos para tomar: insistir sobre su contenido tal cual fue aprobado o realizar los cambios reclamados por el gobierno.