Los Procuradores Generales de los países que integran el MERCOSUR (Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay) firmaron junto a los representantes de los Estados Asociados (Chile y Bolivia) un convenio de asistencia jurídica mutua y cooperación en asuntos penales, especialmente en materia de crimen organizado transnacional.
El objetivo de la reunión -que se llevó a cabo el viernes último en un hotel céntrico de Buenos Aires- fue apoyar un proceso de transformación y consolidación del sistema de persecución penal, a fin de cumplir con los principios del Estado Democrático de Derecho, informaron fuentes cercanas al procurador Esteban Righi. Al término del encuentro, los procuradores generales coincidieron en la necesidad de contar con un mecanismo ágil en la relación de los Ministerios Públicos que permita potenciar acciones conjuntas para la prevención, investigación y represión del crimen organizado.
“A fin de elevar y optimizar la eficacia del sistema penal en beneficio de la sociedad, es necesario que la asistencia recíproca, sea ágil entre Ministerios Públicos y las fuerzas de seguridad y/o policiales, mediante el intercambio de información actualizada, a fin de fomentar y facilitar la coordinación de los Ministerios Públicos para la realización de diligencias o investigaciones transnacionales en forma conjunta, conforme la normativa interna de cada Estado”, dice uno de los documentos firmados por los funcionarios: Élida Fajardo Balbuena (Uruguay), Antonio Fernando Barros e Silva da Souza (Brasil), Rubén Candia Amarilla (Paraguay), Pedro Gareca Perales (Bolivia) y Guillermo Piedrabuena Richard (Chile).
Entre las principales conclusiones del encuentro se destaca además la necesidad de implementar “políticas públicas de prevención y modificaciones legislativas” que permitan una utilización racional de los magros recursos tecnológicos y humanos a fin de que sean aplicados en forma eficiente y coordinada en los hechos graves y complejos.
En cuanto al intercambio de información para avanzar con investigaciones penales sensibles, los procuradores determinaron que “se tenderá a establecer un intercambio de información y banco de datos comunes, para uso exclusivo de los organismos con competencia en la materia y relacionado con pesquisas sobre delitos relativos al crimen organizado, y delitos conexos”.
“A los efectos de sistematizar las investigaciones y en forma concertada con las autoridades estatales, es relevante el Sistema de Intercambio de Información de Seguridad del MERCOSUR (SISME), que permitirá a los Ministerios Públicos, en el ámbito de sus competencias, desarrollar y aprovechar al máximo una herramienta tecnológica insuficiente en nuestros organismos, que adelante y organice la intervención del órgano de persecución penal una vez producida la notitia criminis, y por otro lado tienda a desarrollar un sistema de monitoreo regional que nos asista y racionalice mediante datos objetivos, en la política de persecución penal de hechos graves y de conformidad a la legislación interna”, dice otro de los documentos rubricados.
Por último, los funcionarios que se reunieron en Buenos Aires la semana pasada acordaron la elaboración de un informe sobre el alcance logrado en procura de la efectiva implementación, en la segunda reunión especializada -correspondiente al semestre julio/diciembre del 2006.
dju / dju
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