La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó esta semana a un condenado a muerte a
impugnar la legalidad del método de ejecución por inyección letal, en una decisión que podría poner en jaque la aplicación de la pena de muerte en Estados Unidos. Fue en el caso de Clarence Hill, de 47 años, condenado a muerte en 1983 por el asesinato de un policía durante un robo a un banco.
La ejecución de Hill por inyección letal estaba prevista para el 24 de enero, pero fue suspendida a último momento cuando la
Corte Suprema accedió a examinar su caso. Hill argumentó que la inyección letal puede causar un dolor insoportable, violando por tanto la prohibición constitucional contra castigos crueles.
De hecho, la investigación médica ha sugerido que el analgésico incluido en la inyección puede dejar de tener efecto antes de la muerte del condenado.
La Corte Suprema
no se pronunció sobre la constitucionalidad del mecanismo pero sostuvo que Hill tenía derecho a impugnar el método de ejecución según las leyes civiles federales. En forma unánime, los magistrados indicaron que “las cortes federales pueden y deben proteger a los estados de juicios dilatorios o especulativos” que podrían posponer indefinidamente las ejecuciones previstas.
Según los juristas,
este fallo puede generar varios procesos de apelación por parte de otros condenados a muerte. “La decisión permite que los tribunales decidan si la actual generación de protocolos de inyección es obsoleta o no”, dijo Eric Freedman, de la Escuela de Derecho de la Universidad Hofstra, en el estado de Nueva York.
Desde su primera aplicación en 1982,
la inyección letal fue empleada en el 80% de las ejecuciones llevadas a cabo en Estados Unidos. De hecho, los 21 condenados ejecutados en lo que va de este año murieron por ese mecanismo.
Los defensores de la inyección letal, compuesta de un cóctel de fármacos que duermen, paralizan y provocan luego un paro cardiaco, afirman que es un método de ejecución más humano y rápido que la silla eléctrica o la cámara de gas.
La pena de muerte está vigente actualmente en
38 estados norteamericanos. Las estadísticas muestran una caída de 50% en el número de sentencias de muerte desde fines de los años 1990, y una disminución de 40% de las ejecuciones desde 1999.
dju / dju
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